En Corea del Sur, la cultura de entregar sobornos tiene gran arraigo. Sino que lo diga el promotor inmobiliario Kent Davy, quien califica estos tratos de "pagar para jugar" con el apelativo de "capitalismo de amigotes".
En diciembre de 2003, Entertainment Development Group Inc., una constructora de centros comerciales con sede en Agoura Hills, estado de California, en la que Davy era ejecutivo, abandonó el mercado coreano. Un proyecto de $170 millones se derrumbó cuando funcionarios locales exigieron que se designara un socio coreano que pudiera canalizar sobornos, dice Davy, ex copresidente de la comisión de bienes raíces de la Cámara Estadounidense de Comercio en Corea. El centro comercial nunca fue construido.
Brendon Carr, un abogado estadounidense en Seúl, menciona un incidente en el 2007 que tuvo un resultado muy diferente. Carr dice que una compañía tecnológica extranjera rechazó la exigencia de un funcionario normativo coreano de que el cliente de Carr formara una sociedad con uno de los amigos del funcionario. Después de quejarse al jefe del regulador, la compañía obtuvo una licencia. Todos fingieron que hubo un malentendido y el funcionario terminó en otro puesto, dice Carr.
Corea del Sur ha estado oscilando entre ambas sendas. Una representa el soborno crónico. La otra abre la puerta a un mercado justo. Las apuestas subieron en enero cuando el Gobierno, bajo la presión de grupos cívicos y sacerdotes católicos activistas, inició una investigación de Samsung Group, el mayor conglomerado dirigido por una familia, o chaebol.
El Gobierno designó un letrado especial para investigar las versiones de un ex abogado de Samsung de que el grupo manejaba un fondo secreto destinado a sobornos. El 17 de abril, los fiscales emitieron una decisión mixta: no descubrieron ninguna prueba de sobornos pero acusaron al presidente de Samsung, Lee Kun Hee, de evadir el equivalente de de $114 millones en impuestos mediante las cuentas de otros ejecutivos.
Incumplimiento del deber.
También acusaron a Lee, de 66 años, de incumplimiento del deber por incurrir en pérdidas cuando ayudó a su hijo a obtener el control de filiales de Samsung Group. Otros nueve ejecutivos fueron acusados de infracciones similares, entre ellos Lee Hak Soo, de 61 años, vicepresidente de Samsung Electronics Co., y Kim In Joo, de 49 años, director general de la oficina de planificación del grupo. Ninguna de estas personas hizo comentarios de inmediato.
Samsung pidió disculpas en un comunicado, diciendo que anunciaría "planes de reformas".
Según progresaba la investigación, Corea del Sur enfrentaba un dilema: si se imponían duras sanciones y el alcance que la medida tendría en los empleados de Samsung.
