Costa Rica podría quedar rezagada en el pujante proceso de desarrollo económico registrado en los últimos años por demorar la apertura de las telecomunicaciones, advirtió el presidente del Banco Central, Eduardo Lizano.
"Estamos a mitad de cruzar el río y tenemos la disyuntiva de seguir adelante, porque si nos quedamos en el centro puede aumentar la corriente y nos ahogamos, y si regresamos atrás ya nos será más difícil intentar cruzarlo de nuevo", manifestó el funcionario en una entrevista con Reuters.
Lizano aludía a las circunstancias que llevaron al gobierno de Costa Rica a dar marcha atrás a una ley aprobada en primer debate del congreso en marzo para abrir las telecomunicaciones al sector privado, después que una ola de protestas y desórdenes populares, que se extendieron por más de dos semanas, amenazó con desestabilizar el país.
Además del caos en la circulación de vehículos provocado por el cierre de carreteras, los costarricenses comienzan a sentir una grave consecuencia de los bloqueos, cuando a principios de esta semana las estaciones de servicio de combustible se quedaron sin gasolina y las pérdidas por mercancías agrícolas no exportadas sumaron millones de dólares.
Al comentar la situación. Lizano aseguró que tres semanas de desórdenes y protestas no afectarán, en principio, las optimistas perspectivas del programa económico anual del gobierno, donde se espera un crecimiento del seis por ciento, superior al promedio e los últimos 10 años, y una nueva baja de la tasa de inflación, en casi dos puntos porcentuales menos que el año pasado.
"Hemos tenido en los últimos años buenas tasas de crecimiento y optimistas indicadores económicos, pero la posibilidad de mantenerlos depende ahora de la capacidad que tengamos para llevar adelante la modernización, particularmente en el campo de las telecomunicaciones", insistió.
El economista señaló a manera de ejemplo que "para jalar una carreta se necesitan dos bueyes", en alusión a la imposibilidad del moderno sector privado de avanzar sin la participación correspondiente del Estado, y a la inversa.
En su criterio, la reacción popular que vivió Costa Rica tras la aprobación de la ley de telecomunicaciones, que pretendió abrir a la competencia privada el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es parte del comportamiento que ha tenido el país en general contra las medidas de modernización y apertura de los monopolios.
Pero la oposición a la apertura no ha venido sólo de los sectores populares de la clase trabajadora, que ven en las reformas una amenaza al estado protector, que por décadas socorrió a los más desprotegidos.
Medianos y grandes empresarios han participado en los últimos años en bloqueos de puertos y carreteras, y en otras medidas de protesta para exigir al gobierno dar marcha atrás en su política de eliminación arancelaria a la importación de mercancías agrícolas.
Esta práctica fue evidente en las negociaciones de tratados de libre comercio de Costa Rica con México, a mediados de la década pasada, y más recientemente con Chile, cuando poderosos empresarios agrícolas llegaron incluso a dar un ultimátum como medida de presión.
Pero si los grandes empresarios se han sentido amenazados, los pequeños agricultores sintieron que no tendrían salida y a mediados de marzo recurrieron a una medida extrema cuando unos 100 productores de papas bloquearon la carretera Interamericana en el sector que comunica la capital San José con la ciudad de Cartago, a unos 25 kilómetros, e interrumpieron el tránsito entre el centro y el sur del país.
El gobierno los toleró dos días y luego envió policías antimotines antes de sentarse a la mesa de negociaciones.
A pesar de estos problemas, en criterio de la vicepresidenta de Costa Rica, Astrid Fischel, el gobierno ha realizado un buen trabajo en general, pero no ha sabido explicar a la población la importancia de la apertura.
"En el caso del Instituto Costarricense de Electricidad no pudimos transmitir el mensaje de que la institución no se privatizaría ni se vendería", admitió Fischel en una entrevista con Reuters.
En criterio de la vicepresidenta, esa imposibilidad de explicar a la población la importancia de la apertura, ha sido utilizada por sectores radicales para distorsionar el discurso de modernización y satanizarlo.
"Además, persiste que la población se deja llevar fácilmente por consignas y mensajes, sin profundizar", subrayó Fischel.
Queda la pregunta de qué seguirá después de haber tenido que dar marcha atrás al proyecto de apertura de las telecomunicaciones, que el gobierno consideraba clave para la modernización del país.
"No hay solución alternativa. El problema es que el país se quede rezagado en telecomunicaciones y de ahí en todo lo demás", advirtió por su parte Lizano, quien sostuvo que las privatizaciones no responden a caprichos de la casualidad, sino a necesidades reales de la modernización.
Con el fallido proyecto de apertura de las telecomunicaciones los costarricenses, aunque protestaron, parecieron darse cuenta de que hay cambiar con cuidado, pero es ineludible hacerlo, coincidieron los funcionarios.
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