Entre los llamados ecologistas o ambientalistas más ortodoxos prevalece una tesis según la cual hay una incompatibilidad casi absoluta entre actividad económica y conservación del medioambiente. Según esta corriente de pensamiento, resulta imposible lograr una reconciliación entre ambas.
Cuando se evalúa el caso de algunos países de la región (el de Panamá incluido) pareciera llegarse al desafortunado convencimiento de que esta posición, en apariencia extrema, no carece de fundamento. Tomemos como ejemplo la posible construcción de una carretera a través del Darién o, para estos efectos, en cualquier otra área ecológicamente sensible de Panamá.
El asunto es que, a pesar de los beneficios que podría generar una obra de esta naturaleza en cuanto a integrar el territorio nacional o con respecto de un país vecino, facilitando la comunicación y el flujo de personas y bienes, pareciera existir una amenaza real de que dicha estructura pudiera acarrear un incremento significativo en la destrucción de los recursos ambientales presentes en el área.
Sin embargo, esta realidad contrasta a todas luces con la que se aprecia en los países desarrollados. En aquellos puede uno con regularidad transitar grandes y modernas autopistas que atraviesan el corazón mismo de áreas forestales o parques nacionales sin que esto se traduzca en una afectación excesiva.
¿Qué explica entonces que estas naciones sí puedan permitirse esa reconciliación entre objetivos como integración vial, por ejemplo, desarrollo económico y conservación ambiental? La respuesta radica, en todo caso, en la institucionalidad de cada nación.
En Panamá, desafortunadamente, existen ejemplos que demuestran una cierta ausencia de institucionalidad ambiental, lo cual se traduce en catástrofes y un deterioro desmesurado de algunos activos naturales.
Ejemplo: la catástrofe ocurrida a finales de 2012 en la carretera Colón-Panamá, por el aparente incumplimiento de una empresa de normas fundamentales cuyo cumplimiento hubiera preservado el medioambiente y la infraestructura carretera que se destruyó, evitando las pérdidas humanas que en efecto se dieron.
Otro caso reciente pudiera ser la utilización indiscriminada de los llamados humedales o manglares en el área de la ciudad capital, situación que genera un altísimo costo y riesgo a la sociedad en general y a la población que habita las áreas adyacentes en particular.
En resumen, dicha institucionalidad incluye el reforzamiento de las entidades llamadas a velar por la protección física del medioambiente a través de un sistema continuo de monitoreo y vigilancia, y también de la penalización contra aquellos que atenten contra estos recursos.
Exige, igualmente, la formulación de políticas que reconozcan una realidad inexorable: que la actividad económica se traduce en una afectación al medioambiente; pero que con adecuados incentivos y planificación, este impacto puede minimizarse.
De igual importancia resulta diseñar incentivos económicos que estimulen el uso de técnicas de producción amigables al medio (producción más limpia) y procurar que los potenciales depredadores de los recursos naturales tengan acceso a actividades económicas sustitutas. Irónicamente, la pobreza de nuestros países conduce a que las personas de menor ingreso exploten recursos naturales que en otro contexto tendrían una altísima valía.
Por supuesto que esta institucionalidad debe funcionar bajo un sólido respeto al estado de derecho a efectos de que se cumplan las disposiciones del caso, por lo cual la institucionalidad no se circunscribe exclusivamente a lo ambiental, sino que aborda la independencia del poder judicial.
