La historia económica de Centroamérica revela que en los últimos 20 años los estados centroamericanos, con menor intensidad en Costa Rica y Panamá, fueron perdiendo su papel de empleador y de diseñador de políticas públicas activas que potenciaran el desarrollo económico, el bienestar social y la gobernabilidad democrática. Los gobiernos de turno siguieron fielmente las recomendaciones de política económica surgidas del Consenso de Washington, bajo el argumento de que estas generarían las condiciones necesarias para mejorar la competitividad de la región frente al mundo.
La idea principal de liberalizar los mercados y desregular se tradujo, entre otras medidas, en la flexibilización del tipo de cambio, mayor apertura comercial y privatización de empresas públicas, principalmente aquellas consideradas como monopolios naturales, de carácter estratégico para el Estado (electricidad, agua, telefonía).
La política fiscal implementada se alejó aún más de los principios de equidad tributaria, basando su estructura impositiva en impuestos al consumo y abusando de la utilización de incentivos tributarios como mecanismo para atraer inversión extranjera. El gasto público social creció, pero en niveles insuficientes para compensar la deuda social acumulada.
Estas medidas de política económica dieron como resultado una mayor estabilidad macroeconómica, nuevos actores en el mercado financiero, mayor comercio intrarregional, la exportación de nuevos productos agrícolas no tradicionales y el apogeo de las fábricas de maquila. Sin embargo, también generaron una creciente insatisfacción de amplios segmentos de la población, ocasionada por el marcado aumento de las desigualdades en el ingreso, en el poder y en las oportunidades.
Actualmente la región vive un momento crítico, en lo económico, en lo político y en lo social, en el que solo la madurez y responsabilidad ética e histórica de la sociedad civil organizada, de los empresarios y de los políticos -en el gobierno y en la oposición- permitirá dar los pasos necesarios para la construcción de un Estado que, para el beneficio de todos, debe estar, antes que nada, al servicio del desarrollo humano. Esta redefinición del papel del Estado implicará fortalecer las instituciones públicas y generar programas estatales que universalicen el bienestar social, al tiempo que promueven el crecimiento económico y la democracia. Lograr esto requerirá de pactos fiscales que aumenten los ingresos tributarios, especialmente por medio de impuestos directos, y que mejoren la calidad y transparencia del gasto público.
