El Procurador General de Brasil, Claudio Fonteles, apeló ante el Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema de Justicia) por el decreto del gobierno que autorizó la siembra y comercialización de la soja transgénica para la cosecha 2003-2004, informaron ayer medios de prensa.
El Procurador apeló contra el decreto por considerarlo inconstitucional debido a que no prevé el estudio del impacto ambiental que pueda acarrear ese cultivo, autorizado el pasado 25 de setiembre por el vicepresidente de la República, José Alencar.
Tras un intenso debate en el gobierno sobre la conveniencia o no de la medida, el vicepresidente firmó la resolución provisional, dado que en octubre se inicia la temporada propicia para iniciar la siembra de la cosecha 2003-04 de la soja genéticamente modificada.
La decisión fue adoptada pese a que el artículo 225 de la Constitución establece el principio de precaución y exige un estudio ambiental previo sobre el impacto de los cultivos transgénicos.
