La mejor y única forma de integrar a cientos de miles de costeños e isleños a la economía formal, aumentar las recaudaciones del gobierno, evitar la inseguridad jurídica, eliminar la corrupción en el proceso de titulación, y reducir la pobreza mediante la inversión en proyectos turísticos e inmobiliarios, no es negando la existencia de los derechos posesorios sino haciendo exactamente lo contrario: afirmando categóricamente el respeto a los derechos posesorios y otorgándole el título de propiedad cuanto antes y sin condiciones o costos onerosos a los legítimos ocupantes de la tierra y los que lo han adquirido de ellos.
Con esta medida el 90% de la costa y de las islas se integraría a la economía formal, el gobierno y los municipios recibiría una bonanza en la tributación de impuestos de propiedad a causa del aumento del auge económico y las ventas de la tierra, y se crearía la seguridad jurídica que es necesaria para impulsar la inversión que actualmente se encuentra estancada y que es la única esperanza de reducir la pobreza en las áreas más marginadas del país.
Los principios que hemos expuesto en este escrito son universales, específicos y empíricamente confirmados. Sin embargo, la historia de los gobiernos del tercer mundo ha sido ignorar tales principios y pensar que pueden legislar contra ellos.
No obstante, se ha comprobado que un país que no tenga la “estabilidad de la posesión” no puede desarrollarse, y tampoco va a atraer inversión.
En un momento crítico en el mundo cuando los que creen en los mercados libres y los que creen en la estatización cada día se polarizan más, es de suma importancia que la sociedad panameña se apegue al respeto de los derechos posesorios.
