En Panamá, las estadísticas delictivas van en aumento. La inseguridad ciudadana es señalado como uno de los principales problemas de los panameños.
Según un estudio realizado el año pasado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá sobre la percepción que tiene la ciudadanía de la inseguridad personal, esta logra un índice de temor del 75%.
Los recursos destinados a garantizar el orden y seguridad se han incrementando 11% en 2009 y 9% de enero a julio del año pasado, sobresaliendo los destinados a las operaciones policiales con un 70%, el Servicio Nacional de Fronteras (11%) y el Servicio Aeronaval (13%).
Mientras, en las cárceles del país, unas 12,611 personas se encuentran en espacios para solamente 7,391 individuos, según el Ministerio de Gobierno y Justicia.
Toda la inseguridad tiene un costo para el Estado que al final termina siendo mayor a los recursos destinados a lograr un trabajo eficiente en las cárceles, desatando situaciones con consecuencias irremediables.
Es cierto que muchas de las personas condenadas o que esperan una sentencia han cometido delitos por los que tienen que pagar, pero también es cierto que los derechos humanos existen y deben protegerse, por lo tanto los privados de libertad tienen la necesidad de que sus derechos como seres humanos se respeten.
Las autoridades necesitan planes de acción que permitan la resocialización de los detenidos y evitar que las cárceles se conviertan en escuelas para aprender a delinquir con mayor efectividad.
