El sector agropecuario en Panamá solo representa en promedio un 4% al 5% del Producto Interno Bruto (PIB). A pesar de ello, el rumbo que adquiera conllevará gran impacto, tanto social como económico. Esto en vista de que primero representa la fuente principal de empleo de la población de menores ingresos, es decir la rural e indígena. Por otro, constituye la primordial fuente de producción alimentaria de casi la población entera.
De allí la necesidad de establecer una visión clara y una estrategia viable para el sector basada en una diagnostico real y soluciones integrales que ayuden a mejorar la oferta agropecuaria y aumentar la satisfacción de los consumidores.
La actividad agropecuaria proporciona más o menos el 25% del empleo total, pero el 70% de los pobres rurales trabajan en la agricultura. Solo un 3% o 4% de la población total produce lo que consume un casi 95%, lo cual implica un serio impacto redistributivo.
Como punto de partida resulta fundamental entonces desarrollar programas masivos de titulación, lo cual permitiría un mayor acceso al crédito por parte de los productores, lo cual a su vez le daría a estos acceso a una mayor inversión en materia de insumos y tecnología.
Esta tarea debe ser acompañada con inversiones públicas en infraestructura como sistema de riego, cadenas de frío, mejoramiento de accesos de penetración, construcción de centros de acopios y distribución de alimentos. Así mismo a nivel de asistencia, el Estado juega un papel básico en la investigación y divulgación en el uso de semillas mejoradas, así como técnicas de producción y combates de las plagas por ejemplo.
Además, una mayor utilización de los llamados seguros agropecuarios, mediante los cuales tanto Gobierno como productores compartirían mayor responsabilidad o riesgo en cuanto a las cosechas que puedan sufrir impactos por la naturaleza u otras causas, lo cual evitaría de paso trasladar a los consumidores dichos costos.
Precisamente uno de los desafíos que ha refrenado al sector es que desde hace años existen altos niveles de protección arancelaria que de alguna forma inhiben la competencia y desvían la producción hacia ciertos rubros en los cuales se carece de la competitividad necesaria.
Definitivamente que uno de los grandes objetivos pendientes, por ende, consistiría en ajustar progresivamente pero de manera efectiva la producción al creciente proceso de apertura comercial. Visto así, la forma de darle viabilidad social, política y económica a una modernización de este sector sería mejorando la cantidad y calidad de bienes que genera el sector y asistiendo a la vez a los productores para mejorar su eficiencia y poder competir de manera más ventajosa tanto local como internacionalmente.
