Apesar de que Panamá cuenta con una economía que resistió los efectos de la crisis económica mundial, el desempleo subió y se teme que se incremente más en 2010.
Así lo demuestran datos de la Contraloría General de la República, que señalan un ascenso del 5.6% (84,000 personas) a 6.6% (101,000 personas) en agosto del presente año comparado con el mismo periodo de 2008.
El aumento del desempleo se registró en la población no indígena con 1.1%, mientras que la indígena disminuyó 0.3%.
El desempleo se registró en mayor proporción en el sexo femenino, alcanzando el 8.9%, mientras que en el sexo masculino el desempleo es de 5.1%.
La provincia de Colón continua representando la tasa de desempleo más alta del país con un 7.7%, seguido de la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito con 6.9% 6.5%, respectivamente.
Para el economista y catedrático José Antonio Ardila, el crecimiento del desempleo ha sido mayor del que señala la Contraloría General de la República alcanzando casi el 13%, tomando en cuenta que el trabajo informal no devenga un salario fijo.
“La proyección para el próximo año es de un continuó crecimiento del desempleo”, advirtió Ardila.
Por su lado, Rafael Chavarria, de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), dijo que es necesario establecer una política económica para incrementar el empleo y evitar el ascenso de la pobreza en Panamá.
Chavarria sostuvo que el desempleo habría sido mayor si no se hubiera aprobado el proyecto de ampliación del Canal de Panamá y la Cinta Costera, por lo que sería una buena alternativa continuar con proyectos de construcción.
Ocupación.
Actualmente la población económicamente activa esta constituida por 1.53 millones de personas, la cual aumentó durante agosto del presente año respecto al mismo periodo de 2008 unas 38,000 personas o el 2%.
La población económicamente activa registra un incremento importante en el transporte, almacenamiento y comunicaciones, en las actividades inmobiliarias, empresariales de alquiler y en hoteles y restaurantes, según la Contraloría General de la República.
