Deuda flotante arrastra economía

Mientras los proveedores de bienes y servicios al Estado aseguran que el atraso en la cancelación de sus cuentas mantiene al sector privado en una difícil situación financiera, el Gobierno considera que estos señalamientos son sólo una forma de alarmar a la opinión pública.
De acuerdo con representantes del sector privado, el atraso en el pago, los mantiene sometidos a un "stress financiero", que empieza a tener efectos negativos como: quiebras , reducciones de personal y daños en las líneas de créditos.
Aseguran que el problema de las finanzas públicas no corresponde a las expectativas que planteará el Gobierno a principios de año.
Para John Bennett, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) esto se debe a que el gobierno se endeuda más allá de su capacidad presupuestaria.
Para los proveedores, estos atrasos son perjudiciales. Pues, a parte del gran perjuicio que ocasiona a las empresas, el daño más grande se le hace al sistema económico del país y al costo de la vida.
Luisa Turolla de Arden & Price Consulting sostiene que el concepto de dejar de pagar, se traduce en que el sector público se está financiando de una forma no pactada con el sector privado.
Explicó que algunas empresas acostumbradas a proveer bienes y servicios al sector público consideran un periodo normal de financiamiento de 60 ó 90 días, pero cuando la situación de pago se extiende y no se incluye en los costos significa el sometimiento de la empresa privada a una carga no considerada.
En consecuencia, para poder proveer un bien o servicio sin recibir la contrapartida en dinero las empresas deben conseguir una línea de crédito en un banco pagando altos intereses que si no se cumplen, podrían dañar su acceso al crédito.
Muchas empresas- dijo la economista- no pueden cubrir la línea de crédito, esto los coloca en una situación en la que el banco puede llamar a plazo vencido y entrar en acciones de tipo legal que realmente pueden arruinar a un negocio.
Lo más lamentable es que esta situación impacta directamente el recurso humano pues se tiene que recibir ingresos para pagar gastos, donde el principal es la planilla y cuando no puede cumplir se despide personal.
Turolla señaló que esta situación preocupa, pues da la sensación de que existen problemas en el Gobierno para hacer frente a las obligaciones contractuales.
Manuel Vallarino, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) confirmó los señalamientos de la economista Turolla. Según él las implicaciones en el atraso de los pagos no son sólo múltiples, sino funestas para los contratistas, pues se refleja inmediatamente en su liquidez, obligando a recurrir a préstamos.
Aseguró que la empresa que pide préstamos a un banco por un período mayor de 4 a 6 meses, ese contratista ya no tiene ganancias, sino una pérdida garantizada. "En esta situación se encuentran muchas compañías, algunas ya están quebradas" dijo.
Adicional, al impacto que les causan estos atrasos a las empresas está el encarecimiento de los servicios gubernamentales.
Esto obedece a que la persona o empresa que cotiza toma las previsiones y al momento de presentar su propuesta eleva los precios porque sabe que tendrá que esperar por su dinero.
"Esto es un impedimento al desarrollo del país porque se toman fondos que podrían ser aprovechados con gran rendimiento para ser despilfarrados en el sector público" manifestó Benett.