El sector marítimo en Panamá analiza la ley que reglamenta el trabajo de mar y las vías navegables, para la promoción del país como centro de servicios marítimos integrados.
El director de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Jerry Salazar, manifestó que las discusiones que se llevaron a cabo ayer con los diferentes sectores representados en los sindicatos marítimos, Cámara Marina de Panamá, la Asociación de Marina de Panamá, la Asociación de Oficiales de Marina, la Asociación de Derecho Marino y otras organizaciones afines, servirán fundamentalmente para mejorar la actividad marítima del país.
Aunque Salazár no precisó las mejora que requiere la actividad marítima panameña, señaló que existen aspectos que saldarán de las discusiones llevadas a cabo con los diversos sectores.
"Considero que hay que diversificar nuestra actividad marítima tanto en el ámbito nacional como internacional, pero basándose en el mecanismo adecuado donde los marinos, armadores y tripulantes, puedan llevar una relación más saludable" explicó el director de la AMP.
Como parte del sector, la gente de mar constituye un factor fundamental, por "lo que combinamos armónicamente el adiestramiento adecuado y el desempeño laboral, competitivo e idóneo de los mismos".
La Dirección de Gente de Mar, a través del Departamento de Asuntos Legales Marítimos de la AMP, convocó a todos los grupos involucrados en esta área , a fin de promover alternativas para que se realicen las modificaciones necesarias al decreto Ley 8 dl 26 de febrero de 1998, con el previo consenso de las partes involucradas.
Antes de la emisión del mencionado decreto de Ley, existía una multiplicidad de normas jurídicas tendientes a regular la materia laboral marítima. Esto generaba problemas en la aplicación de las leyes del decreto laboral marítimo.
El decreto regula las relaciones laborales en todos los buques registrados en nuestro pabellón, ya sean de servicio internacional e interior.
Sin embargo, señaló que este decreto ha sido objeto de diversas interpretaciones. Por su parte, un sector aduce una notoria flexibilidad como registro abierto y otro sector estima que el decreto ley deja rezagados los asuntos de decreto colectivo.