@lavila15
Unos 125 millones de dólares en pérdidas han registrado las empresas distribuidoras de energía (Ensa y Gas Natural Fenosa) en Panamá por el robo de energía eléctrica en los últimos cinco años.
Una mala práctica que ha venido aumentando con el pasar de las años, a tal punto que actualmente existen unos 40,000 panameños haciendo uso de la energía de forma fraudulenta.
La provincia de Panamá es en donde más conexiones ilegales se han registrado, específicamente en sectores como San Felipe, Barraza, Chorrillo, Curundú, San Miguelito, denominadas zonas de alto riesgo.
Pero también se da en lugares exclusivos como: Costa del Este, Bella Vista, Brisas del Golf, entre otros.
Le siguen los distritos de Arraiján y La Chorrera en donde se han detectado más de 30 sectores conectados ilegalmente a la red con las conocidas 'telarañas'.
Vivian Pineda, gerente de comunicaciones de Gas Natural Fenosa, destacó que ellos como empresa han perdido unos 45 millones de dólares en el último quinquenio, un promedio por año de unos 9 millones de dólares, debido a esta práctica negativa.
Añadió que el público debe conocer el riesgo que representa el conectarse ilegalmente a la red, lo cual, además de ser un delito penado por la ley y que afecta directamente la calidad del servicio de la comunidad, expone al peligro, no solo a las personas que lo realizan, sino a los de su entorno.
Un gran riesgo
Este desfalco, además de afectar en términos económicos a las empresas, implica un gran riesgo para la población, ya que el hurto de energía en muchos casos es realizado por personas que no tienen ningún tipo de idoneidad para efectuar conexiones eléctricas, lo que hace que se expongan ellas mismas al hacer “telarañas”, y ponen en riesgo al público en general.
Pineda resaltó que es importante recordar que esta mala práctica afecta la calidad de suministro eléctrico al resto de los clientes, ya que la red está diseñada solo para atender a los que solicitan el servicio en los diferentes sectores.
Es por esta razón que hay que tener en cuenta que si se sobrecarga la red, se ocasionan deficiencias en el servicio y se generan fluctuaciones de voltaje, lo que a su vez afecta el suministro y también puede causar daños a los artefactos eléctricos en los comercios y residencias.
Por su parte, Silvia Contreras, jefa de asuntos corporativos de Ensa, precisó que la compañía ha perdido en los últimos cinco años unos $80 millones por esta anomalía, con un promedio estimado de $16 millones de dólares al año. Destacó que del 2001 al 2013 han levantado evidencias de más de 90,000 casos de fraude de energía eléctrica, por un monto total de 11 millones de dólares, en estimación de consumos no registrados por el medidor.
Contreras añadió que en 2009 se empezaron a tramitar algunos casos de fraude eléctrico por la esfera penal mediante denuncias, esto por cambios en la ley, con lo cual esta mala práctica sería castigada como un delito penal. Agregó que desde entonces se han manejado bajo este esquema 62 casos, de los cuales cuatro han resultado en sentencias condenatorias, 30 tienen llamamiento a juicio y el resto está en trámites.
Cómo lo combaten
Debido a esta práctica negativa, las empresas registran pérdidas millonarias. Pero, ¿cómo hacen para mitigar este gran perjuicio?
En este sentido Pineda, de Gas natural Fenosa, destacó que ellos realizan periódicamente giras en toda su zona de distribución para detectar a aquellas personas que no se han conectado de forma legal a la red eléctrica.
Por su parte, Silvia Contreras, de Ensa, señaló que ellos usan mecanismos como bloqueo de red que consiste en la colocación de cables antivandalismo, la medición concentrada, con tal de mitigar este mal.
La Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) ha recibido un total de 23 reclamos por fraude en el servicio de electricidad, del 1 de enero al 25 de noviembre de 2014.
Robo de luz es penado con cárcel o con una sanción económica de $250
El Código Penal de la República de Panamá establece en sus artículos 224 y 225 que quien sin consentimiento del propietario, proveedor, concesionario o administrador, utilice, consuma o capte energía, agua, telecomunicación y video, equipo terminal de cable, satélite, parabólica será sancionado con penas de dos a tres años de prisión o días multa cuando el monto defraudado sea mayor de 250 dólares.
También será sancionado quien efectúe a favor suyo o de un tercero instalaciones, conexiones o de cualquier forma altere o manipule los instrumentos de medición para usarlo sin consentimiento de la empresa.
