Debido a la falta de aprobación de la ley de servicio universal de Telecomunicaciones, los resultados operativos de la empresa telefónica Cable & Wireless (C&W), podrían verse afectados y es probable que los dividendos del Estado también.
De acuerdo con el presupuesto general del Estado, el Gobierno espera recibir en concepto de dividendos por parte de C&W unos 34 millones 300 mil dólares en marzo de 2004.
Sin embargo, el alto mando de la compañía aún no sabe a cuánto ascendería el dividendo. Este no sería un buen presagio, pues las referencias más actuales no son halagadoras.
La compañía decidió el año pasado no aportar sus dividendos en diciembre de 2003 y esperar a concluir su año fiscal el 31 de marzo del presente año.
La medida según José Miguel García, gerente general de C&W, contó con la aprobación de todos los miembros de la junta directiva de la empresa, entre los que se encuentra el Estado con un 49% de participación.
En este sentido, García precisó que los resultados de la compañía son bastante buenos pero podrían registrar un déficit de 31 millones de dólares debido a los servicios que subsidia la telefónica.
Además, diferentes instituciones gubernamentales adeudan a C&W aproximadamente 13 millones de dólares en el pago cuentas telefónicas atrasadas.
Al no existir una ley de servicio universal, C&W subsidia el costo de los servicios de urgencia; como la Policía Nacional, Cruz Roja, descuento a jubilados y el mantenimiento y servicios de Internet en escuelas y universidades públicas.
García indicó que la empresa está interesada en mantener una buena política operacional y para ello la ley de servicio universal de las Telecomunicaciones era fundamental. Con ella se garantizaría la buena marcha de la empresa. Por el momento se desconoce en que fase se encuentra el proyecto de ley, pero se espera que entre a discusión en el próximo periodo legislativo que empieza el 1 de marzo.
De acuerdo con el directivo, la concesión obliga al Estado a emitir una ley de servicio universal como ocurre en todos los países donde está por abrir el mercado, a fin de promover y mantener el acceso a la telefonía básica en áreas rurales .
Este tipo de ley también propicia la operación y mantenimiento de los teléfonos públicos en zonas remotas y de baja rentabilidad, garantiza el desarrollo de proyectos que permitan acceder a la tecnología de la información.
Lo que se debió hacer es emitir esta ley antes que se diera la apertura del mercado, para que los nuevos concesionarios consideraran dentro de sus presupuestos este costo, pues se trata de un subsidio, advierte la empresa.
La experiencia de otros países se basa en que este servicio es subsidiado por el Estado y los concesionarios que mayor participación tengan en el mercado, tomando un porcentaje de la facturación mensual que oscila entre un 1% hasta 3%.
El dinero debe ir a un fondo destinado a garantizar la prestación del servicio universal, de manera que se garantice a la población de escasos recursos tener acceso al teléfono y que la tarifa básica siga existiendo a través de un subsidio.
En el 2002, C&W pagó 42 millones de dólares en dividendos al Estado. Al primer semestre de 2003, se reportaron utilidades netas por 50 millones de dólares y proyectaban terminar el año con una ganancia de 100 millones de dólares.
Este cálculo incluía aproximadamente 7 millones de dólares que pagó la empresa en concepto de indemnizaciones por la reestructuración de personal.
También se fijaba en este renglón, los 14.5 millones de dólares que se desembolsaron en una arreglo judicial con las empresas Inversiones Kamasu, S.A. y Cibertec, que en 1999 presentó una demanda.
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