Son B/390 millones los que entrarían anualmente en los próximos años a las arcas el Estado, esto a raíz de la Ley 49 de 2009 y la Ley 8 del 2010, o las Reformas Fiscales que ha implementado el gobierno del Presidente Ricardo Martinelli.
La cifra viene acompañada de cambios en los hábitos del consumidor, que ligaba el pago del Impuesto de Transferencia Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) de un histórico 5% a un actual 7%, además de que se modificaron diferentes tasas que pagan las empresas y las personas, y se incluyeron reducciones.
Estas son las dos reformas que reconoce este gobierno, sin embargo, dos leyes posteriores a ambas, la Ley 69 de 2009 y la Ley 33 de 2010, pulieron algunos detalles que, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estaban haciendo falta.
Para Javier Said Acuña, presidente de la Comisión de Impuestos de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, lo diferente de este período con los anteriores, es que los gobiernos pasados tendían a hacer sólo una reforma fiscal por período, en cambio, en esta administración van dos reglamentaciones.
Paralelo a esto diferentes especialistas tributarios concordaron en que los nuevos impuestos son de fácil aplicación y orientación al contribuyente, sí se tienen los conocimientos adecuados, en caso contrario, aportaron que los próximos años deben ser destinados a una fuerte orientación al contribuyente y a mejorar la cultura de la ciudadanía de buscar atención, a través de la Dirección General de Ingresos (DGI).
En este último tema, se mueven los objetivos de los siguientes años del MEF, destacó Dulcidio De La Guardia, viceministro de Finanzas del MEF, que adelantó al Panamá América, que no se tiene contemplado más reformas fiscales en esta administración. (Vea nota adjunta)
El aviso del viceministro De La Guardia, da un alivio a los diferentes profesionales como Luis Chen González, contador, para quien, si bien las reformas han cobrado más recursos de clases pudientes, es innegable también que el aumento del 40% del ITBMS, o dos puntos porcentuales, de 5% a 7%, pesa a la toda la sociedad que consume en general.
La primera ola.
Era agosto del 2009, cuando en la exposición de motivos de la primera reforma fiscal de esta administración, se mostraba la Ley 49 de 2009 y se anuncia que “el Órgano Ejecutivo se había comprometido con la sociedad al cumplimiento de muchas metas en materia de infraestructura y reorganización administrativa del país”.
Con base a estos objetivos prosigue el gobierno, se crea la Ley 49 de 2009 buscando el “aporte cónsono con la riqueza que genera el país, por ellos los ajustes fiscales irán destinados a los sectores exonerados que no están pagando impuestos o tienen impuestos comparativamente bajos”. Con estas razones serían B/190 millones los que serán cobrados a sectores como la Zona Libre de Colón, los bancos y en parte también de los consumidores, quienes al usar servicios bancarios vieron gravadas, algunas transacciones que no hacen en sus bancos respectivos con el ITBMS.
Entre los cambios que se insertaron uno se encaminaba a que la Zona Libre de Colón pagará el Impuesto de Dividendos, el que aumentó en las arcas del Estado en B/66 millones luego de esta modificación; además, se reformó el cálculo del Impuesto Inmueble para que propiedades horizontales, ubicadas en sitios de alto perfil contribuyeran más.
En tanto, Celia Rivera, contadora especialistas de la rama tributaria, aportó que el cambio a los Impuestos de Dividendos y sus complementarios también se incluyó en su pago a la micro pequeña y mediana empresa que factura B/200 mil al año.
Además de este cambio que no ha entrado en ejecución este año y en relación a los meses anteriores, el MEF reveló que “los objetivos de recaudación de la Ley 49 se han cumplido hasta el momento”.
De ahí, se presenta la Ley 8 de 2010, una normativa que reduce y amplia rangos de pagos de los impuestos, entre unas y otras y al final se totalizará en B/200 millones los que se espera que se recauden con esta reforma, que no se verá su impacto general hasta el próximo año.
La segunda reforma.
En la Ley 8 de 2010, se avanza en el concepto de “podar el frondoso árbol de impuestos y tasas en busca de la simplificación”. En este camino entre los cambios principales estaban la reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los asalariados que ganan menos de B/11 mil al año; beneficio que antes era sólo para los que recibían B/9 mil 500 al año.
Este cambio, según la administración Martinelli y la reducción de cinco tramos a tres, en los segmentos en los que las trabajadores pagan el ISR, implicaría un sacrificio fiscal de B/60 millones al año.
De igual forma, se optó por reducir hasta un 25% del pago del ISR en las personas jurídicas o empresas, esto en forma gradual, lo que le costaría a las arcas estatales unos B/50 millones anuales.
En contraste y para reponer las reducciones, además de obtener más recursos para los proyectos sociales, sólo el aumento del ITBMS a los consumidores representaría B/200 millones adicionales al año al fisco, al igual que la modificación de la manera cómo se captaban los ingresos en empresas que están en Panamá, pero con operaciones en el extranjero, subirían B/100 millones en impuestos al Estado.
Al respecto, Luis Chen González, contador y socio de Chen, Gordón y Asociados es de la opinión que todos deben pagar ISR, al ser recipientes de riquezas, sí quiera de una forma simbólica, para que los ciudadanos sientan que le retribuyen algo de lo que reciben al Estado.
Paralelamente, el abogado tributario Said Acuña, considera que “los impuestos siempre van a existir y a gravar en proporción equilibrada o mesurada, porque el Estado tiene que hacer una serie de inversiones a raíz de las tributaciones, y que están bien, siempre y que no sean confiscatorios o depriman la economía”.
Los analistas igualmente conincidieron que de la Reforma Fiscal, de la Ley 8 de 2010, queda pendiente la implementación en febrero del Adelanto Mensual del Impuesto sobre la Renta (AMIR), que debe contemplarse en las finanzas de las empresas desde el próximo mes de enero.
