La firma calificadora de riesgo crediticio Duff & Phelps asignó ayer por primera vez el "rating" de BB+ (doble B positivo) a la deuda externa de largo plazo de Panamá, tanto en moneda local como en divisas, por sus progresos fiscales.
Duff & Phelps (D&P) indicó en un comunicado que la calificación está respaldada por los recientes progresos de Panamá en la consolidación fiscal y fortalecimiento del sistema impositivo.
Detalló que las reformas han incluido la flexibilización del mercado laboral, la liberalización comercial, la privatización de las empresas públicas ineficientes y la redefinición del sistema impositivo.
Además, la economía dolarizada de Panamá seguirá reforzando estos "ratings" de deuda al garantizar la disciplina monetaria y en la balanza de pagos, lo que consecuentemente se traducirá en una inflación más baja.
La dolarización también elimina la brecha entre el "rating" de la deuda denominada en divisas y la deuda denominada en moneda local, según D&P.
Sin embargo "las calificaciones de las obligaciones del gobierno panameño están constreñidas por los altos niveles de deuda del sector público, que son de aproximadamente el 77 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1999", apuntó D&P.
La agencia manifestó que Panamá desde fines de los años ochenta "ha logrado avances sustanciales en el consolidamento de su posición fiscal, una más eficaz administración recaudatoria y un mayor control sobre gastos corrientes".
Así como una "mejora en los balances nominales del sector público, desde un déficit promedio de 10 por ciento del PIB en 1988-89, a una posición de casi total equilibrio en esta década".
"En 1998 tuvo lugar algun deterioro fiscal a raíz del costo inicial de las reformas estructurales y de un aumento en el gasto en infraestructura debido a las campañas presidenciales de 1999", recordó D&P.
Por esta razón, añadió "el Fondo Monetario Internacional (FMI) de hecho suspendió sus desembolsos hacia Panamá cuando
el gobierno no pudo cumplir sus metas de déficit fiscal para 1998, dentro de un programa de financiamiento de tres años".
Pese a ese "tropezón", la agencia sostuvo que se espera que el déficit de 2.5 por ciento del PIB registrado en 1998 se corrija hasta alcanzar el 1.5 por ciento para el conjunto de 1999.
El gobierno panameño busca además una renegociación de sus metas fiscales para el año 2000.
La firma calificadora alabó las reformas aplicadas por el gobierno que incluyen un nuevo código laboral que reduce sensiblemente los costos de los despidos y alienta la flexibilidad y la movilidad de la fuerza de trabajo.
Abundó que la liberalización comercial ayudó a eliminar disparidades económicas y a promover competitividad, destacó también la privatización de empresas públicas, especialmente en los ramos de telecomunicaciones y puertos.
Precisó que la reforma tributaria eliminó muchas distorsiones, que incluyeron regímenes especiales, excenciones múltiples y discriminación en tasas.
"Una reforma parcial de las pensiones en 1997 ha incrementado las tasas de ahorro público interno, pero aun requiere de algunos costos fiscales a corto plazo, dado que los pagos a pensionistas bajo el viejo sistema, se mantendrán aun cuando los trabajadores dejen de contribuir a el", informó.
D&P otorgó también importancia a una nueva serie de políticas regulatorias y de transparencia en el importante sector bancario internacional del país, en especial a partir de la aprobación de una nueva ley bancaria y de una superintendencia del sector.
"La creación de una nueva ley bancaria y de una Superintendencia de Bancos han mejorado notablemente las ya prudentes regulación, supervisión y transparencia de la banca "offshore" (extraterritorial) de Panamá", manifestó..La agencia indicó que "hacia el futuro seguirá de cerca el compromiso del gobierno con la disciplina fiscal".
Agregó, que "los planes del gobierno de incrementar el gasto social podrían representar una buena oportunidad para una renegociación exitosa de las metas fiscales acordadas por el país con el FMI".
Con todo, advirtió que "los esfuerzos por establecer una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución podría distraer la atención del gobierno de los importantes asuntos de la política económica, como la disciplina fiscal".
