El presidente de Argentina, Eduardo Duhalde, criticó severamente ayer a los concesionarios privados de ferrocarriles de su país, y aseguró que en algunos casos podrían caberles responsabilidades penales por sus manejos del sistema.
"Es calamitosa la manera en que algunos de los concesionarios han manejado las concesiones. Además de responsabilidades administrativas puede haber también responsabilidades de tipo penal. No se puede ser tan irresponsable", dijo el jefe de Estado en su programa semanal por Radio Nacional.
El gobierno argentino realizó en los últimos 10 días controles especiales sobre el servicio ferroviario de pasajeros, para verificar incontables quejas de usuarios sobre problemas de seguridad y de calidad. Duhalde dijo que mañana recibirá el informe de esa inspección, realizada por la jefatura de Gabinete, y un resumen de "las quejas de miles de usuarios", tras lo cual tomará una decisión que no adelantó.
Otros portavoces del Gobierno no descartaron durante la semana que la eventual constatación de deficiencias derive en la rescisión de alguno de los contratos de concesión, firmados en la década pasada por el gobierno del presidente Carlos Menem (1989-1999).
En cambio, en las consultas realizadas en todo nivel, las autoridades descartaron toda posibilidad de que el servicio de trenes vuelva al sector estatal de la economía, como reclaman algunas organizaciones sindicales y políticas.
