Los jefes de Estado y de Gobierno del continente pedirán que se reduzcan los costos financieros de las remesas hacia los países latinoamericanos, que en 2003 recibieron entre 32,000 y 40,000 millones de dólares por ese concepto, frente a los 29,000 millones de dólares por inversión extranjera.
Los líderes de los 34 países miembros de la OEA, incluido el estadounidense George W. Bush, pedirán en su cumbre de Monterrey, el 12 y 13 de enero, esa medida al sector financiero privado, que cobra a veces hasta el 30% de comisión del monto que envían los trabajadores a sus familias.
“Es urgente que el costo de esas remesas bajen”, explicó Irene Kliger, responsable de organización de las cumbres de la OEA, en una reciente conversación telefónica con periodistas mexicanos.
La OEA calcula que el monto de las remesas hacia América Latina asciende a 32,000 millones de dólares al año, aunque un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo sitúa en 40,000 millones de dólares, superando los montos de ayuda exterior y de inversiones directas.
Tres cuartas partes de las remesas que llegan a América Latina provienen de Estados Unidos, y el resto procede de la Unión Europea y Japón, señaló Donald Terry, gerente del Fondo Multilateral de Inversiones, un fondo autónomo administrado por el BID.
Se estima que unos 7.5 millones de mexicanos y tres millones de centroamericanos viven en EU, mientras unos 600,000 colombianos y 150,000 venezolanos emigraron en los últimos tres años.
Más de medio millón de ecuatorianos salieron de su país entre 1999 y el 2001, y en los últimos dos años se acentuó el éxodo de argentinos y uruguayos, según datos del BID.
Un informe realizado por el Diálogo Interamericano en Washington señaló que los gobiernos latinoamericanos deben eliminar los obstáculos que dificultan la recepción de transferencias monetarias desde Estados Unidos y considerar las remesas como un asunto privado y no sujeto a impuestos.
México, el mayor exportador latinoamericano de mano de obra hacia EU, ha pedido a Washington firmar un acuerdo migratorio que permita legalizar a unos cinco millones de mexicanos que viven en el país del norte y reducir los costos financieros del envío de las remesas, que el año pasado superaron los 12,038 millones de dólares, una cifra récord.