El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, anunció que se reunirá con todos los grupos políticos del Congreso para pedir la inconstitucionalidad de la liquidación de la eléctrica estatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC), decretada el sábado por el Gobierno.
“Queremos que se declare la controversia inconstitucional y queremos explicarnos, por lo que hablaremos con todos los partidos, porque es un asunto de seguridad nacional”, apuntó.
El líder sindical hizo estas declaraciones en la Cámara Baja tras reunirse con diputados del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes le han confirmado su apoyo.
El Gobierno del presidente mexicano, Felipe Calderón, decidió liquidar la empresa LyFC, la segunda eléctrica del país, que abastece a 6.2 millones de clientes en la zona centro del país, por sus malos resultados operativos y financieros.
En opinión de Esparza, detrás de esta liquidación está la iniciativa privada y el objetivo es acabar con los sindicatos.
Gabriel Reyes, abogado consultor del sindicato, explicó que a través de la intervención del Estado "se están invadiendo las acciones del Congreso, hay una invasión de las competencias por parte del Gobierno, por lo que hay una inconstitucionalidad".
De momento, ya están de acuerdo con el SME algunos diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido del Trabajo (PT), que se reunieron hoy con el líder sindical en el Congreso.
De acuerdo con las leyes mexicanas, en el país pueden presentar "controversias constitucionales" el fiscal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, Defensoría) y el Ejecutivo.
También pueden presentarlas el Senado, la Cámara de Diputados y los congresos locales de los 32 estados del país, aunque en cada caso con el apoyo mínimo del 33 por ciento de los legisladores.
Para el diputado del PRD, José Narro, las acciones llevadas a cabo por el Gobierno "carecen de legalidad y constitucionalidad" y con ellas se están "violentando los derechos de los trabajadores y la Ley al destruir una empresa que se constituyó por ley".
El también diputado del PRD, Agustín Guerrero, opinó que lo sucedido es ilegal desde el primer momento, ya que el decreto de liquidación de LyFC se publicó el domingo pero "se aplicó desde el mismo sábado por la noche, cuando la policía federal tomó las instalaciones" de la paraestatal y "llevó a cabo la invasión de un centro de trabajo".
