El importante aumento en los precios del petróleo, y su consiguiente impacto sobre la canasta básica, ha sido la causa de que se retome el debate sobre los impuestos que gravan el consumo de combustibles.
Como ha ocurrido en otras ocasiones, se han puesto sobre la mesa diversas propuestas para reducir la tributación que pesa sobre estos productos, con el objetivo de ayudar a los sectores más vulnerables de la población.
Sin embargo, al analizar la reducción de estos impuestos desde una óptica técnica, se puede concluir que esta es una medida desfavorable, poco efectiva en su afán de ayudar a los grupos más necesitados y muy costosa, principalmente en términos de equidad y equilibrio fiscal, por las siguientes consideraciones.
Primero, los altos precios del petróleo no son un fenómeno temporal, y es probable que continúen aumentado en el futuro, si se considera que las causas principales de esta alza son la mayor demanda de energéticos y la especulación provocada por fondos de inversión y grupos financieros que operan en los mercados de futuro.
Eliminar o rebajar los impuestos a los combustibles limitará la capacidad de los Estados para financiar políticas sociales y energéticas que permitan, en el mediano plazo, disminuir la dependencia de los derivados del petróleo y atenuar los efectos negativos de esta sobre el crecimiento económico, la inversión y el empleo.
Segundo, los impuestos a los combustibles tienen un carácter progresivo, pues los hogares más pobres pagan, en conjunto, menos del 5% del total recaudado por estos impuestos, mientras el 20% más rico de la población paga alrededor del 85% del total, por lo que su eliminación tendrá poco impacto en los sectores más pobres. Por otro lado, en una economía como la centroamericana, donde predomina una reducida competencia en la distribución de los productos de la canasta básica, lo más probable es que esta rebaja de impuestos no se refleje en menores precios al consumidor, sino en márgenes de utilidad más elevados para quienes distribuyen o venden estos bienes.
Finalmente, la merma en los ingresos tributarios implicará una disminución del gasto público -infraestructura, salud, educación, entre otros-, que solo podrá ser evitada a costas de más endeudamiento.
Implementar medidas exitosas para enfrentar el alza de los combustibles requerirá que los gobiernos de Centroamérica actúen en dos sentidos.
En el corto plazo, deben identificar objetivamente a los grupos más vulnerables y brindarles la ayuda económica que necesiten. Y, bajo un horizonte más amplio, deberán impulsar acciones que permitan aprovechar las fuentes de energía renovable con las que cuenta la región, e impulsar políticas que favorezcan los ingresos de las familias pobres, principalmente en el área rural, como por ejemplo programas de microcrédito y asistencia técnica.
