Los gremios estatales de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires cumplieron ayer un paro de 24 horas con movilización, en rechazo al ajuste salarial público del 13% y anunciaron una nueva huelga con "cortes de calles y avenidas" para el próximo martes.
En declaraciones a la prensa, Juan González, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a nivel nacional, confirmó que el 31 de julio "vamos a participar de los cortes de rutas de los compañeros piqueteros (anunciados el pasado martes en asamblea de organizaciones sociales) porque consideramos que es el momento de mostrar la unidad en la acción de los trabajadores".
González adelantó además que como anticipo del próximo paro, el lunes próximo ATE realizará una "ocupación pacífica de todos los organismos de la seguridad social". El subsecretario de Comunicación, Juan Pablo Baylac, advirtió este miércoles que el gobierno "actuará con la ley y los jueces" contra los cortes de rutas.
A su vez, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, criticó los cortes de rutas y anunció que convocó para el jueves a los dirigentes de las organizaciones de piqueteros para comunicarles que "todo tipo de protesta que quieran hacer debe estar en el marco de la ley".
Por la tarde, medio millar de empleados públicos se congregaron frente al Parlamento, en Buenos AIres, para expresar su "rechazo al recorte salarial en el sector público y a los jubilados". "Vamos a marchar por todo el país junto al pueblo, para compartir el destino de un futuro mejor, y vamos a estar en las calles hasta derrumbar definitivamente este modelo económico que nos condena al hambre y la miseria", aseguró el dirigente de la combativa Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Edgardo de Petri.
Para Pablo Michelli, titular de ATE-Capital, el gobierno "se arrodilla cobardemente frente a los banqueros y termina resolviendo por un lado la rebaja salarial a los estatales, a los jubilados y el salario familiar a los trabajadores privados" y por otro impone el cobro de sueldos mediante cajas de ahorro "para que los bancos sigan acumulando ganancias".
Fue el segundo paro convocado por ATE desde que el 11 de julio el presidente Fernando de la Rúa anunciara el séptimo ajuste en 19 meses de gobierno, y que ahora está siendo debatido por el Parlamento donde ya cuenta con media sanción de Diputados.
A su vez, los empleados estatales bonaerenses afiliados a la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) -el gremio mayoritario de la administración pública provincial, integrantes de la CGT "dialoguista"- también paralizaron sus actividades. Marcharon a la Casa de Gobierno bonaerense para rechazar ante el gobernador peronista (oposición) Carlos Ruckauf el pago de parte de sus haberes con bonos ("patacones") y el recorte salarial.
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