Las suspensiones de actividades comerciales tras el terremoto generan preocupación en el sector empresarial por su impacto en los ingresos de pequeños negocios, emprendedores y trabajadores independientes. Ante este panorama, el gremio pide agilizar las inspecciones de seguridad y establecer medidas que permitan reactivar la economía en las zonas y comercios que no fueron afectados.
Alberto López Tom, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), señaló que las cancelaciones de ferias, encuentros empresariales y otras actividades deben evaluarse según las condiciones de cada lugar. Estos eventos generan movimiento económico y representan una fuente de ingresos para hoteles, restaurantes, transportistas, proveedores de alimentos, comercios y empresas dedicadas al montaje y organización de actividades.
Aunque todavía no existe una estimación definitiva de las pérdidas económicas, López Tom advirtió que los negocios deben seguir afrontando gastos como salarios, alquileres, servicios públicos y compromisos con proveedores, incluso cuando sus operaciones están paralizadas. A esta presión financiera se suman los establecimientos que han tenido que cerrar por daños estructurales o dificultades de acceso en las comunidades afectadas.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) también considera que las cancelaciones de eventos deben responder a evaluaciones técnicas y no aplicarse de manera generalizada. El gremio sostiene que, donde las instalaciones estén en condiciones seguras, mantener activas las actividades comerciales, turísticas y empresariales permite preservar empleos, generar ingresos y contribuir a la recuperación del país.
Entre los sectores potencialmente afectados, la CCIAP menciona el agropecuario, el comercio, el turismo, la hotelería, los restaurantes, el transporte, el entretenimiento y la organización de eventos. El impacto también alcanza las ventas que no se concretan, las reservas canceladas, los contratos suspendidos y las jornadas laborales interrumpidas.
La CCIAP propone agilizar las inspecciones, facilitar financiamiento para reparaciones y capital de trabajo, y evaluar facilidades de pago para los negocios afectados. APEDE, por su parte, insiste en establecer criterios claros para determinar cuáles instalaciones pueden reabrir y cuáles requieren reparaciones, con el objetivo de evitar cierres permanentes y pérdidas de empleos.
En cuanto a las acciones para facilitar la recuperación, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) inició el seguimiento de 401 micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas a sus programas de apoyo para identificar posibles afectaciones.
Mientras tanto, las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) continúan evaluando viviendas y otras estructuras para determinar sus condiciones de seguridad tras el sismo.
Según Malitzie Rivera, las autoridades mantienen la vigilancia ante las lluvias, debido al riesgo de inundaciones en las zonas afectadas por el movimiento.
Por su parte, José Ramón Icaza Clément, secretario de Metas de la Presidencia, informó sobre los trabajos para reconstruir las viviendas que sufrieron daños totales. Las labores incluyen la limpieza de terrenos y la preparación para levantar nuevas residencias con criterios de construcción sismorresistente.
En el ámbito educativo, unos 770 centros escolares retornan este miércoles a clases en 12 de las 16 regiones educativas del país.
4
provincias (Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas) han sido las más golpeadas por el terremoto.
401
micro, pequeñas y medianas empresas han sido evaluadas por el Ministerio de Comercio.
