Carlos Fernández, presidente del gremio, denuncia que el jefe del Estado está propiciando la violencia para justificar un estado de excepción y un autogolpe contra la democracia.
Asegura que la política económica es un rotundo fracaso y una muestra de ello es que en tres años y medio de gestión han cerrado 5,000 empresas. ¿Por qué otro paro cívico nacional? -Creemos que el paro debe realizarse porque el Estado de Derecho es violado cada día más, no existe independencia de los poderes públicos, lo cual afecta al sector privado.
Si a esto sumamos el decreto de intervención de las empresas, la situación se agrava. Adicionalmente se pretende modificar la Ley del Banco Central de Venezuela para financiar el déficit.
En fin, nosotros observamos que estamos ante un terrorismo de Estado en el sector financiero, en el productivo y una situación de amedrentamiento y persecución de la sociedad. Todos estos elementos llevan al sector empresarial, en defensa de sus intereses y de la democracia, a proponer un paro. Vamos a defender los principios democráticos como la libertad de empresa, de expresión y los derechos individuales. Si para el 10 de diciembre de 2001 existían elementos que determinaban una protesta, hoy sobran las razones.
¿Cuáles son esas razones adicionales? -Seguimos exigiendo que se reformen las 49 leyes aprobadas de manera inconsulta por el Ejecutivo en la Habilitante.
Vamos a protestar en contra de la amenaza de intervenir las empresas, el terrorismo contra el sector privado, las medidas económicas basadas en el incremento de los impuestos y en detrimento de la población. También rechazamos la persecución a empresarios que han manifestado algunas diferencias con el Gobierno. Creemos que hay un terrorismo financiero, y una muestra de ello es la reforma de la Ley del BCV. No sólo se pretende utilizar las ganancias cambiarias sino violentar la autonomía del ente emisor.
¿En que se basa para denunciar un terrorismo en contra de las empresas? -Es un terrorismo que tiene como objetivo que el Estado tome el control de toda la economía, de los medios de comunicación, del sistema financiero y de la sociedad en general.
¿Están dispuestos a asumir el costo económico que implica un día de paralización? -
En este momento estamos protestando por una situación que vive el sector privado y además las empresas están prácticamente paralizadas.
Cuando el sector empresarial decide evaluar la posibilidad de hacer otro paro, lo hace como medida de protesta para que la comunidad nacional e internacional conozcan que en Venezuela no existe Estado de Derecho y no hay independencia de poderes ni institución a la cual acudir porque no hay aplicación de justicia. Una muestra de ello es la persecución a algunos oficiales de la Fuerza Armada Nacional.
De una u otra forma, este Gobierno controla los poderes públicos, dejando a la sociedad venezolana desamparada y sin una institución a la cual acudir para exigir que se haga justicia. También vamos a protestar contra la política económica de la actual administración, que ha generado el cierre de empresas y el despido de personal. -¿Reprueban el desempeño económico de este Gobierno? -Es lamentable que estemos en una situación de recesión económica cuando se ha generado un alza de los precios del petróleo y, por ende, un incremento de los ingresos del Ejecutivo. Tenemos el mayor incremento en el precio del petróleo en los últimos 10 años.
El gobierno de Chávez ha recibido el doble de los ingresos por concepto de petróleo y renta interna que la administración de Rafael Caldera.
Sin embargo, observamos que en los últimos tres años y medio la pobreza ha crecido en 25%, con lo cual 70% de los hogares venezolanos está en pobreza y 35% de esta población esta en situación de pobreza crítica. Observamos que 23% de los venezolanos gana menos de 1 dólar diario y 40% menos de 2 dólares al día. La inflación no será menos de 35% al final del año y el producto interno bruto caerá en 6. %Cómo entonces vamos a aprobar la gestión económica. No cuadran las cuentas. Más de 40 millardos de dólares que recibió este Gobierno, adicionales a la pasada administración, no se sabe en qué se invirtieron. El Gobierno anunció la reactivación de las compras gubernamentales, ¿habrá reactivación por esta vía? -Eso es una falacia. Cómo se puede confiar en este mecanismo cuando tenemos un Estado que no paga y además ofrece cancelar 70% de los contratos con bonos de la deuda pública nacional, que pierden su valor en el mercado.
Los ministros de economía señalan que el paro de abril contribuyó a la caída del PIB en el primer semestre en 7,1%.
No. La caída del producto interno bruto obedece, en primer término, a la falta de una política fiscal cambiaria y monetaria coherente. Esto produjo un desbalance entre ingresos y egresos que forzó la decisión de devaluar el bolívar frente al dólar en febrero. La depreciación ha sido tan fuerte que ha afectado directamente la capacidad de consumo del venezolano. Si a esto se suma que no ha habido políticas hacia las exportaciones no tradicionales, diría que estamos al borde de un colapso. -Sin embargo, Chávez acusa a los empresarios de dar un golpe contra la economía.
Si estamos en una sociedad que no tiene consumo porque no tiene capacidad de pago, lógicamente día a día caen las ventas y cierran empresas. Pero quién puede ir en contra de sus propios intereses. ¿Esfuerzos de 20, 30 o 40 años para mantener una empresa se van a echar por la borda por el simple hecho de llevarle la contraria a un gobierno? -¿Cuántas empresas han cerrado en los últimos tres años y medio? -Las últimas cifras que tenemos indican que más de 5.000 empresas han cerrado en este período gubernamental. Sin embargo, cifras extraoficiales reportan el cierre de más de 1.000 establecimientos entre pequeñas y medianas industrias y locales comerciales. El desempleo está cercano a 20% y una economía informal de 54% de la población económicamente activa. Además, la deuda externa se ha quintuplicado al pasar de 2,18 billones a 11,09 billones de bolívares.
El 25 de octubre de 1960, en La Habana se emitió un decreto de expropiación de empresas y del sistema financiero. Esta situación se pretende copiar en Venezuela, y una muestra de ello es la intención que se tiene de quebrar al sector privado.
El Estado no cumple con el pago de los compromisos adquiridos con las empresas, y no cancela las facturas pendientes. Además, se pretende descapitalizar a la banca.
¿Se señala desde el sector oficial que el paro tiene un sesgo político? -Nosotros no estamos con este paro buscando la salida del Presidente de la República. Nuestro paro es netamente económico y para exigir que se mantenga la democracia y se restituya el Estado de Derecho. -¿El paro no agravará aún más la economía? -Pero si no hacemos nada, yo me pregunto, en dónde vamos a terminar. -¿Qué pasa si aplican el decreto de intervención de empresas para evitar el paro? -Yo estoy convencido de que los trabajadores defenderán las empresas y no permitirán que se politicen. No hay posibilidad de tener un puesto estable si no tenemos unas empresas fuertes y con capacidad de generar la suficiente riqueza. Si llega a suceder que grupos ajenos a los trabajadores ataquen las empresas, entonces estaríamos en presencia de una acción deliberada y premeditada del Gobierno de intervenir y violentar la propiedad privada con la intención política de aplicar un terrorismo de Estado para llevarnos a ese castro-comunismo.
