Entre mayo y junio próximo iniciarán los trabajos de reparación del ferrocarril, señaló Darío Benedetti, Gerente General de Panamá Canal Railway, compañía norteamericana que se adjudicó la licitación para reconstruir y administrar la vía.
Indicó que en la primera etapa (de construcción) se invertirán cerca de B/.65 millones y está prevista que concluya antes del final del año 2000.
Benedetti señaló que el ferrocarril cuenta con una capacidad de 32 trenes al día, lo que representa un movimiento de carga entre 1,500 a 2,000 contenedores diarios.
Además se está considerando ofrecer el servicio para pasajeros, y para ello se están realizando las consultas pertinentes con las empresas que promueven los cruceros a Panamá, ya que se tiene mucho interés de mover a los pasajeros en el ferrocarril y este es un proyecto que está en estudio aún.
El Gerente de Panamá Canal Railway, manifestó que se utilizará a algunos trabajadores que laboraban para el Estado cuando el ferrocarril pertenecía al gobierno panameño, también se contratará la mano de obra pertinente para el manejo de la vía ferroviaria.
La fase de contratación será efectiva en un año, esto significa que tan pronto el ferrocarril inicie su fase operativa, se escogerá al personal adecuado.
Benedetti manifestó que la empresa tiene que invertir en una infraestructura nueva para que el ferrocarril funcione
de manera óptima.
Panamá Canal Railway se ha comprometido a invertir cerca de B/.80 millones en la reconstrucción del sistema de trenes y la extensión de líneas férreas a la Zona Libre de Colón y a los puertos de Cristóbal, Balboa y Manzanillo.
La empresa espera poner a funcionar las 27.6 millas del ferrocarril, y cuando la misma se encuentre en pleno funcionamiento la empresa deberá mover unos 20 trenes al día en 320 días al año con un promedio de 307,200 contenedores transportados durante el año.
El Estado le ofreció a la Canal Panamá Railway un crédito de 40 millones de dólares y dio en arrendamiento siete hectáreas en Coco Solo.
El contrato con la empresa tendrá una duración de 25 años prorrogables y la empresa tendrá la libertad de cobrar las tarifas que estime conveniente por el transporte o el servicio que ofrezca.
El gobierno exoneró a la empresa de los impuestos sobre la renta, sobre los ingresos que tenga por el transporte de carga destinada al territorio fiscal de la república.