Hoy los ex trabajadores de la antigua Autoridad Portuaria de Panamá (APN) entregarán a la empresa Panama Ports Company (PPC), el pliego formal de peticiones donde sustentarán sus derechos al ser accionista de la compañía que maneja dos terminales portuarias en el país.
Esto fue lo que se acordó después del encuentro que sostuvieron ayer ambas partes en el ministerio de Comercio e Industrias que está actuando de observador en este proceso, indicó el vice ministro de comercio interior, Manuel José Paredes.
Paredes señaló que los ex trabajadores portuarios basan su reclamo en la ley marco de privatizaciones de 1992 que establece que los empleados públicos serán accionistas si la institución donde trabajan es privatizada.
Sin embargo, expertos en la materia indican que la ley marco no puede ser aplicada, porque los puertos no fueron privatizados, sino dados en concesión.
Para el gerente general de PPC, Alejandro Kouruklis, la solicitud de los trabajadores de la antigua Autoridad Portuaria de Panamá que ellos presentan no tienen fundamento legal alguno, porque en 1997 la empresa concedió un préstamo de 30 millones de dólares al Estado para compensar a los trabajadores de la APN.
Y por lo cual, cualquier reclamo de los trabajadores con relación a las indemnizaciones es responsabilidad del Estado y no de la empresa, agregó Kouruklis.