El País
El Gobierno apurará los plazos hasta el final para fijar los precios que pagarán a Telefónica el resto de operadores por tener acceso al denominado bucle local, el último tramo de la red telefónica que llega directamente al domicilio del abonado y que aún está en manos del antiguo monopolio.
El Consejo de Ministros dio ayer el penúltimo paso para que se haga efectiva esa apertura al aprobar el reglamento técnico que regula las condiciones de acceso a la red de Telefónica. En el reglamento no se incluyen los precios por el uso de esta red, el asunto clave de la liberalización y sobre el que se plantea un difícil equilibrio: romper el monopolio pero sin perjudicar la inversión.
Las fuertes discrepancias entre Telefónica y sus competidores, y el tira y afloja de la empresa que preside César Alierta con los ministerios implicados en la negociación (Economía y Ciencia y Tecnología) han motivado que el Ejecutivo haya retrasado la aprobación de los precios hasta la última reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del próximo jueves, tan sólo tres días antes de que venza el plazo dado por Bruselas para la apertura definitiva de la telefonía local, el 1 de enero de 2001.
Así lo reconoció la titular de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, al término del Consejo, al señalar que el precio por el alquiler de cada bucle de abonado "no puede ser demasiado alto porque perjudicaría la entrada de nuevos operadores en las llamadas metropolitanas, ni demasiado bajo porque desincentivaría la inversión", puesto que haría poco atractivo para las compañías el despliegue de un red propia.
Ese equilibrio es aún más frágil por el procedimiento de infracción que sigue la Comisión Europea contra el Gobierno español al considerar que no ha realizado el reajuste tarifario que le pide Telefónica, consistente en una subida de la cuota de abono. De hecho, el Ejecutivo puede aprovechar las tarifas de la apertura del bucle para saldar ese conflicto que le enfrenta a la operadora y que le exige 298.000 millones en compensaciones, según fuentes de la negociación.
Telefónica estima que el alquiler total del bucle debe costar 2.646 pesetas mensuales, lo que daría derecho al otro operador a dar todo tipo de servicios (transmisión de voz, de datos e Internet). Además de esta modalidad, denominada bucle desagregado, el operador dominante ofrece la posibilidad a sus competidores del bucle compartido, que consiste en el alquiler de todos los servicios excluyendo los de voz, por lo que pide 1.804 pesetas al mes.
Los competidores de Telefónica están divididos. Los que tienen más cuota de mercado y una red propia emergente desean que se sitúe en el entorno de las 2.000 pesetas. Los que se limitan a revender servicios, y apenas disponen de infraestructura, quieren un alquiler mucho menor. Por último, a los operadores de cable, que, por la propia naturaleza de su negocio, ya llegan al domicilio del abonado, les interesa que el alquiler sea los más elevado posible.
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