El Estado boliviano enfrenta demandas arbitrales por un valor de 925 millones de dólares de parte de cuatro trasnacionales, cuyas inversiones fueron nacionalizadas, sus contratos se anularon o tienen conflictos tributarios, confirmó ayer el Gobierno.
Un informe del ministerio de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales señala que las demandantes son la minera chilena Quiborax, la telefónica italiana Telecom, la petrolera británica Ahsmore y Gas Transboliviano que gestiona el lado boliviano del gasoducto entre Bolivia y Brasil.
La mayor demanda, por una suma de 500 millones de dólares, fue presentada en junio pasado por Ashmore, cuya filial Transredes, que opera el transporte de gas y petróleo en el país, fue intervenida y nacionalizada por el Gobierno del presidente Evo Morales.
El proceso arbitral fue planteado ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, según la prensa local.
La segunda demanda en importancia, por 350 millones de dólares, fue presentada por la italiana Telecom por la nacionalización, sin previo acuerdo sobre indemnizaciones, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), decretada en mayo pasado.
En este caso, el Gobierno de Morales asumió el control del 50% que poseía Telecom en Entel y aumentó la participación del Estado en esa firma hasta un 97%.
