El Estado se puso a paz y salvo con Panama Ports Compañy (PPC). Le entregó 29 de los 31 edificios que estaban ocupados por la Autoridad del Canal de Panamá.
La ocupación de estas propiedades catalogadas como "los edificios de la discordia", según PPC no permitían la expansión del puerto, por lo que la empresa decidió retener en abril del año pasado, más de 22 millones de dólares (suma que fue en ascenso) de las anualidades fijas y variables que le tenía que pagar al Estado panameño por el uso de los puertos. Por ello, no es hasta julio de 2002 cuándo se llega a un acuerdo en donde se acuerda entregar edificios a cambio del dinero adeudado.
¿ Se habrá cumplido lo pactado? ¿A cuánto ascenderá la deuda con el Estado? Estas respuestas parecen estar en documentos que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
De acuerdo con dos reportes comparativos y estadísticos de esta entidad, de las 31 propiedades que reclamaba PPC, actualmente sólo falta por entregar el muelle 19, el edificio 5-A y el edificio 40.
Estos edificios son ocupados por la división de Tránsito Marino de la ACP y por la división Electrónica y de Comunicaciones. En tanto, PPC le ha pagado al Estado 9 millones 925 mil dólares de los 26 millones 109 mil que adeudaba.
A julio de 2002 cuando se hizo el acuerdo con el Estado PPC adeudaba 23 millones 197 mil dólares. A este monto se le sumó intereses, por lo que la suma ascendió a 26 millones 109 mil dólares.
Cuando PPC decidió aceptar devolver el dinero a cambio de los edificios y la equiparación fiscal con los demás terminales portuarios, la compañía devolvió inmediatamente 5 millones de dólares. Se acordó, según la información del MEF, abonar el dinero restante en cuotas de 703,645 dólares.
Esto ha dado como resultado el pago de 4 millones 925 mil dólares, adicionales al abono de los 5 millones. De acuerdo al MEF, hasta la fecha se ha cumplido con el pago de todas las cuotas, por lo que quedan por aportar en 22 pagos, 16 millones 184 mil dólares. Sin embargo, todo el dinero que PPC aporta no entra como dinero líquido a las arcas estatales.
De la deuda obrero-patronal que el Estado mantenía en concepto de la indemnización que la empresa pagó al momento de la privatización, se abona a esta cuenta 202,000 dólares.
Esto significa que al Fisco entrarían realmente 500 mil dólares de los 703 mil 645 que se abona mensualmente. El año pasado, PPC condicionó el inicio de su tercera fase que comprende una inversión de 240 millones de dólares, a la entrega de varios edificios que ocupa ACP.
En un principio, como medida de presión la PPC retuvo 22 millones de dólares en concepto de canon de arrendamiento que paga al Estado y luego las aspiraciones fueron más allá, solicitando así la renegociación de su Contrato Ley.
La presión llegó al Consejo de Gabinete y el Ministerio de Comercio e Industrias expidió una resolución con la finalidad de que PPC , Evergreen y Manzanillo International Terminal (MIT) gozaran de los mismos beneficios fiscales y se les exonera del pago de 28 millones de dólares anuales.
