El último Boletín de Estudios Fiscales del ICEFI revela que en Centroamérica ha habido un estancamiento en el cumplimiento de los derechos a la salud y la educación.
Si bien es cierto, los indicadores de los resultados reflejan avances, el cumplimiento progresivo de ambos derechos aún tiene muchos desafíos por delante, con intensidades diferentes para cada país. Los principales desafíos tienen relación con el aumento de recursos financieros y la mejora de las políticas públicas que permitan elevar las coberturas y mejorar la calidad de los servicios, acercándolos a los estándares internacionales.
Los compromisos asumidos tanto internacionalmente como en la legislación nacional, garantizan, en el caso de la salud, el derecho de toda persona al máximo nivel posible de salud física, mental y social, por medio de medidas que reduzcan la mortalidad materna e infantil, mejoren la higiene del medio ambiente, y creen las condiciones que aseguren a todos los ciudadanos la asistencia médica.
En educación, los Estados se han comprometido a dotar a sus ciudadanos de las capacidades y competencias que les permitan desarrollarse y participar en las decisiones propias de una sociedad libre, a través de medidas tales como la enseñanza primaria gratuita, la enseñanza post-primaria generalizada, un sistema de becas que proteja a los más vulnerables, y la mejora continua de las condiciones, laborales y profesionales, del cuerpo docente. Las buenas intenciones plasmadas en las normas jurídicas se enfrentan a tres problemas.
Primero:es la carencia de suficientes recursos públicos, como resultado de una política tributaria anticuada y erosionada por innumerables incentivos fiscales que privilegian, en muchos casos, a grupos económicos pujantes.
Segundo:es la falta de una planificación presupuestaria basada en la promoción de los derechos humanos, complica el establecimiento de indicadores de evaluación y cumplimiento de los mismos.
Tercero:la mercantilización de la salud y la educación como resultado de los insuficientes recursos públicos, ha provocado que los hogares centroamericanos tengan acceso a estos derechos, en la medida en la que puedan pagar por ellos.
El incumplimiento de estos derechos no solamente sacrifica los proyectos de vida de muchos ciudadanos, sino que disminuye la gobernabilidad democrática de la región y la capacidad de ser competitivos frente al resto del mundo.
Solucionar los problemas antes mencionados requerirá que la sociedad civil, los empresarios y los gobiernos entiendan la importancia estratégica de cumplir con el derecho a la educación y la salud de los centroamericanos.
