El Ministerio de Vivienda (MIVI) trabaja actualmente en una propuesta de modificación de la Ley 45 de Protección al Consumidor en los artículos referentes a los derechos de los compradores de casas y apartamentos.
La revisión de las normas se debe al incremento en el número de quejas que presentan los clientes en contra de las inmobiliarias.
Durante los primeros dos meses de este año se realizaron 87 quejas contra inmobiliarias, lo que representa un 58% de la quejas recibidas en la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO).
Los reclamos representan un monto de 9,8 millones de dólares.
La mayor cantidad de quejas registradas fueron por incumplimiento de contrato, devolución de abono, incumplimiento de garantías y vicios ocultos.
“Se contemplan estudios sobre las normativas y reglamentos hacia el sector inmobiliario para que este cumpla con la terminación total de los proyectos residenciales”, señaló Carlos Duboy, ministro de Vivienda.
“Exhortamos a las empresas para que utilicen los métodos constructivos, de igual forma estamos revisando las normas en algunas urbanizaciones de interés social para poder mantener los costos bajos”, indicó Duboy.
La actual Ley 45 contempla en sus Artículos 40, 74 y 75 la nulidad de las cláusulas abusivas en los contratos y el Artículo 79 señala que “el proveedor de construcciones nuevas deberá establecer de manera clara y por escrito, los términos y garantías de la obra”.
Si los promotores no cumplen con sus deberes, entonces los clientes pueden presentar sus quejas ante la ACODECO.
Los consumidores que antes de cerrar cualquier compromiso deben someter el contrato a revisión de un experto y consultar en la entidad si el promotor ha recibido quejas, aconsejó la ACODECO.
Sugiere también que no se firmen contratos en los que al promotor se otorgue la potestad de resolverlo de forma unilateral, se pueda quedar con los abonos o permita variar el tamaño del apartamento y cobrar al cliente .
Falta de agua.
Según Duboy, ya se está trabajando en un plan para resolver electricidad e infraestructuras, vialidad y agua con un presupuesto millonario para los sectores Este y Oeste, donde se ha reflejado el mayor crecimiento en construcciones residenciales.
Para entregar una vivienda se requiere que exista tratamiento de aguas negras y acueducto, dijo Enrique Asensio, vicepresidente de la Cámara Panameña de la Construcción.
“Si no existen esas dos cosas, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados no expira los permisos, al igual que la parte de infraestructura que lo hace el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que cubre los sistemas pluviales y las calles que deben estar terminadas”, sostuvo.
