El presidente de EU, George W. Bush, firmó ayer una ley que aumenta el límite máximo de endeudamiento permitido para el Gobierno federal en 984,000 millones de dólares, hasta alcanzar una cantidad récord de 7.4 billones de dólares.
El secretario del Tesoro, John Snow, envió la semana pasada una carta al Congreso en la que indicó que el Gobierno suspendería sus pagos hoy, miércoles, si el límite no era aumentado.
La medida permitirá al Gobierno pagar por los recortes de impuestos por valor de 330,000 millones de dólares y la ayuda a los estados de 20,000 millones de dólares aprobados el pasado viernes por el Congreso. Los legisladores respaldaron la elevación del límite máximo de la deuda el mismo día. La situación financiera de Washington ha cambiado radicalmente con Bush.
En los últimos años de la administración de Bill Clinton, el Gobierno federal registró más ingresos que gastos y durante la campaña electoral de 2000 el debate giró en torno al uso que se daría a los gigantescos superávit que se proyectaban para la década siguiente. Entre las propuestas estaba el pago de parte o toda la deuda nacional, que entonces rondaba los 5 billones de dólares.
Cuando Bush llegó a la Casa Blanca en enero de 2001, el fisco había acumulado con Clinton unos 557,000 millones de dólares en varios superávit consecutivos. En el primer presupuesto elaborado por su administración, el Gobierno pasó a un déficit de unos 104,000 millones de dólares; el de este año se proyecta en cerca de 400,000 millones y el del año venidero se calcula en una cifra aún mayor.
Véliz considera que la vigente ley 73 de 1976 y que posteriormente fue reglamentada a través del decreto 17- A del 1 de junio de 1977 cuenta con algunos artículos obsoletos que merecen ser actualizados.
Más sin embargo, no justifica la creación de una nueva ley en donde se establecen prohibiciones en la actividad de las líneas aéreas y menos si regula aspectos propios de la Autoridad de Aeronáutica. Tampoco ve con buenos ojos que el transporte aéreo sea reglamentado por distintas legislaciones de manera desordenada y con injerencias de Aeronáutica y el Instituto Panameño de Turismo, que según el anteproyecto le corresponderían reglamentar y supervisar el pago de las comisiones.
Por otra parte, las líneas aéreas desmienten la cifra de empleomanía que manejan de manera arbitraria las agencias. Según Véliz, en Panamá no llegan a 500 los empleados directos de agencias de viajes, por lo que califica como irreal la cifra de 5 mil agentes.
