El Parlamento Europeo (PE), con el visto bueno de los Gobiernos de la Unión, aprobó ayer la creación de un registro de agencias de calificación de riesgos y otras medidas para reforzar la vigilancia de estas entidades, a las que considera parcialmente responsables de la crisis financiera.
La Eurocámara dio luz verde de forma definitiva al compromiso que sus representantes habían sellado previamente con los Estados miembros para sacar adelante la iniciativa por la vía rápida, antes de la disolución de la cámara para las elecciones europeas de junio.
Las normas aprobadas hoy refuerzan la vigilancia sobre las agencias de calificación que, para el PE, fracasaron a la hora de detectar el empeoramiento de las condiciones del mercado financiero que desembocaron en la crisis financiera.
La principal medida del paquete es la creación de un registro controlado por el Comité europeo de reguladores bursátiles (CESR, en sus siglas en inglés), una institución que verá aumentadas sus competencias en el ámbito de la supervisión.
Además, y para evitar conflictos de intereses, dado que evalúan a las mismas entidades que pagan sus servicios.
La nueva legislación potencia también la independencia de las agencias, que estarán obligadas a contar con varios administradores independientes, cuya retribución no esté supeditada a los resultados de la agencia.
Asimismo, estarán sujetas a nuevas exigencias de transparencia y, así, tendrán que publicar un informe anual sobre sus actividades y divulgar la identidad de sus veinte clientes más grandes, en relación con los ingresos que les proporcionan.
Todos los grandes grupos de agencias que operan en más de un país de la UE tendrán asignado un colegio de supervisores con representantes de los Estados en los que están presentes.
En cuanto a la supervisión de las agencias de países extracomunitarios, uno de los puntos que suscitó más debate en las instituciones europeas, finalmente las calificaciones de éstas tendrán que ser respaldas por una agencia europea.
Esa entidad será responsable de controlar que las actividades de la compañía extracomunitaria cumplen con los requisitos impuestos en los Veintisiete.
