Los exbanqueros ecuatorianos Roberto y William Isaías tildaron de “persecución política” la sentencia a 8 años de cárcel emitida en su contra por un juez de Quito, que los declaró culpables de peculado en el caso de Filanbanco.
“Este fallo es otro ejemplo de la persecución política del Gobierno de Rafael Correa, de la ausencia de Justicia y la falta de un debido proceso en el Ecuador”, dijeron los hermanos Isaías en un comunicado divulgado en Miami (EE.UU.).
El juez Wilson Merino, en su decisión del pasado miércoles, indicó que los exbanqueros no presentaron un balance de sus cuentas en 1998 y llevaron “una contabilidad irregular, que podría calificarse de ilegal”, basándose en una auditoría realizada por la empresa Price Waterhouse Coopers, según el documento judicial del caso.
El Estado ecuatoriano intervino a Filanbanco durante la crisis financiera de 1998 y 1999.
Los Isaías, quienes residen en Estados Unidos, dijeron que el juez dictó sentencia por el delito de peculado “que ni siquiera es parte de la acusación fiscal, violando el principio de congruencia. Este fallo carece de hechos concretos y solo se basa en alegaciones frívolas”.
Recordaron que Merino también condenó a los principales directivos del diario “El Universo” de Guayaquil y a un exeditorialista, a tres años de prisión y al pago de unos 40 millones de dólares de indemnización, por haber emitido “injurias calumniosas” contra Correa. Pena que el mandatario perdonó.
Sus acciones, subrayaron, ratifican que la “Justicia ecuatoriana es una dependencia del presidente Correa.
Este juez solo lleva aproximadamente tres meses nombrado por el régimen de Correa y ya ha fallado a favor de la conveniencia del Gobierno en dos de los casos más notorios”.
Roberto y William, quienes fueron presidente y vicepresidente de Filanbanco, aseguraron que “no hubo nada indebido ni incorrecto por nuestra parte, somos víctimas, tal como han afirmado otros jueces y autoridades de la ley en el pasado”. Consideraron que mientras Correa “manipule” el sistema judicial, no prevalecerá la Justicia en el caso, como sucedió, afirmaron, en el 2010 cuando los exoneraron de los cargos y el fallo fue desestimado por “instrucción” del gobernante ecuatoriano y los jueces destituidos. Tras considerarse “perseguidos políticos”, denunciaron que la sentencia del 11 de abril consolida la confiscación de los medios que el Gobierno de Correa tiene en su poder por vía de confiscaciones ilegales hace años.
