La democracia es una forma de organización política y social que responde a la voluntad e intereses colectivos, donde hombres y mujeres de los diferentes grupos y sectores tienen voz y capacidad de decisión.
Además, la democracia es una forma de gobierno destinada a promover estructuras económicas y sociales que den bienestar a todas las personas con justicia y equidad.
Desde la perspectiva de género, la ciudadanía va más allá del ejercicio de derechos universales para la inclusión de las mujeres a una comunidad política; por ejemplo, votar o ser electas. La demanda de las mujeres es ejercer el derecho a la igualdad, pero también el derecho a la diferencia. Esto implica abandonar el concepto aparentemente neutro de ciudadanía (que hace referencia esencialmente al sujeto masculino) y construir una ciudadanía con perspectiva de género que considere los derechos particulares y colectivos de las mujeres.
No sólo es necesario que las mujeres ejerzan sus derechos políticos y civiles como están establecidos. Se trata de construir una nueva ciudadanía que tome en cuenta sus necesidades prácticas y sus intereses específicos.
Es necesario desarrollar instituciones, leyes, normas, procedimientos que permitan transformar las relaciones de subordinación de las mujeres en la sociedad en relaciones de paridad. Es decir, construir la equidad de género en las familias, en la economía, en la política y en la cultura.
El pluralismo y la paridad son conceptos complementarios en una gobernabilidad democrática. Mientras el pluralismo enfatiza las diferencias de las personas como un valor, la paridad se refiere más concretamente a la distribución equitativa del poder.
El ejercicio de la paridad implica asumir que las relaciones de género son también políticas; en otras palabras, relaciones de poder. La paridad en términos de género es, entonces, redistribuir con equidad el poder político atendiendo las necesidades y circunstancias diferenciadas de hombres y mujeres para acceder a las instancias de decisión y representación.
La gobernabilidad democrática implica la participación de mujeres y hombres con paridad en los asuntos públicos y privados. El mayor acceso de las mujeres a espacios de poder y decisión y el positivo impacto de este fenómeno en la gobernabilidad democrática ha sido, ante todo, un logro de los movimientos de mujeres y sus organizaciones políticas.
En el mundo entero a febrero de 2011 se cuenta con 7 presidentas: Mary McAleese (Irlanda: 1997); Tarja Halonen (Finlandia: 2000); Ellen Johnson Sirleaf (Liberia: 2005); Pratibha Patil (India: 2007); Cristina Fernández (Argentina: 2007); Laura Chinchilla Miranda (Costa Rica: 2010); Dilma Rousseff (Brasil: 2011); y dos primeras ministras: Luisa Diogo en Mozambique (2004) y la canciller Angela Merkel en la República Federal de Alemania (2005). Esta es apenas una pequeña proporción de mujeres en el ejercicio del poder político en el concierto de alrededor de 200 países.
En las próximas elecciones en 2011 podría aumentar esta lista, pero se ha calculado que con la actual tasa de aumento, la “zona de paridad” (en que ni los hombres ni las mujeres tienen más del 60% de los escaños) no estará al alcance de los países en desarrollo hasta el año 2047. Es poco probable que pueda mantenerse esa tasa de aumento, a menos que los países sigan estableciendo medidas transitorias de “acción afirmativa” o consagren la paridad electoral.
En toda la historia republicana en América Latina han habido solo 9 mujeres presidentas, algunas de ellas por un par de días o meses, en momentos de crisis políticas. Aumentar el número de mujeres que accede a espacios de representación es un desafío para las féminas y sus organizaciones, pero sobre todo para las sociedades democráticas en su conjunto. Afirmamos que sin las mujeres la democracia está incompleta.
