Uno de los problemas heredados del proceso de apertura comercial en los países tropicales pobres es la extracción indiscriminada de madera procedente de bosques naturales la cual es exportada en bruto sin valor agregado hacia los países desarrollados.
Para proteger el saqueo de este recurso algunos países han prohibido la exportación de madera de tuca exigiendo que se utilice solamente como insumo para la industria nacional.
En el 2002 el Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo N0. 57 del 5 de junio que prohíbe la exportación de madera en trozas, tucas, aserrada o simplemente cepillada, de cualquier especie procedente de bosques naturales o de maderas sumergidas en cualquier cuerpo de agua artificial.
Y aunque la medida viene a proteger la industria del mueble en Panamá, aún continúa la tala ilegal pese a que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) otorga permisos legales para la explotación de este recurso.
Una de las áreas más afectadas esas la oriental provincia de Darién. Pero ¿de dónde surge la tala indiscriminada que se realiza allí? Para la ANAM el problema es producto del cambio sin control del uso de la tierra para producción agropecuaria.
Raúl Gutiérrez, jefe de Servicios Forestales de la ANAM sostuvo que la complejidad surge de la deforestación, un proceso característico de los países con débiles economías, altos niveles de deuda externa y desempleo.
La deforestación no es más que el cambio de un área de bosques a un área para producción agrícola y ganadera. "Es precisamente este factor socioeconómico el que induce a la destrucción de los bosques naturales" aseguró el funcionario.
Anualmente unas 50 mil hectáreas de bosques son destruidas y convertidas en agricultura y ganadería y sólo unas 6 mil hectáreas de terreno son sometidas al aprovechamiento y manejo forestal.
En la actualidad no se realizan extracciones de madera mediante concesiones. La extraída en la región darienita proviene de reservas indígenas a quienes se les otorga permisos especiales que les permiten explotar un terreno y generar ingresos para su comunidad.
Estos permisos sólo son otorgados a las autoridades indígenas previa autorización de la reserva y ; "ellos" no pueden traspasar este derecho a terceros, pero si establecer negocios con algunas empresas. El conflicto surge cuando los índigenas celebran contratos con dos empresas a la vez, generando rivalidad entre las empresas.
En estos casos, la ANAM no puede intervenir en las decisiones de la comunidad indígena, dado que ellos cuentan con sus propias autoridades y la ley les impide intervenir.
Por su parte los permisos otorgados por la ANAM no se dan a la "libre" primero se realiza un estudio de impacto ambiental para determinar si la actividad afecta el ecosistema dijo el funcionario.
Adicional se lleva a cabo un estudio técnico forestal que detecta si existe en la zona suficiente madera que no lesione la capacidad de producción. Luego de detectado el lugar se establece un plan de manejo forestal el cual establece entre otros aspectos: los volúmenes que pueden ser aprovechados.
Terminados estos estudios se procede a otorgar a la comunidad indígena un permiso por 2 años para el aprovechamiento forestal, pero se les obliga a manejar el bosque por un período de 20 años.
De acuerdo con la ley forestal se pueden otorgar tres tipos de concesiones: la forestal otorgada a empresas, personas naturales o jurídicas, en fincas privadas que son otorgadas a individuos con derecho de propiedad y la concesión o permisos comunitarios. En el año 2002, la ANAM autorizó unos 7 permisos comunitarios y en lo que va del año se han otorgado 6 permisos.
Ricardo Anguizola, director de la ANAM reconoció que por décadas la extracción de madera en el Darién se ha manejado de una manera informal e ilegal. ANAM ha actuado con mucha fuerza porque esta actividad no debe ser delictiva, más bien debe ser seria y legítima para aprovechar los bosques.
Extracción ilegal e informal de madera en Darién
Para la ANAM el problema es producto del cambio sin control del uso de la tierra para producción agropecuaria.