Los usuarios de la Zona Libre de Colón niegan haber pagado una comisión ilegal de $21 millones para no ser incluidos en el paquete de impuestos a mediados de los años 90 con la Ley de Universalización de Incentivos.
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, dijo ayer en un programa de televisión del Canal 13 que los empresarios, para evitar ser incluidos en la reforma tributaria que aplicó el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) con la Ley de Universalización de Incentivos, repartieron convenientemente “$21 millones”.
Reacción.
Ferrari recordó que “yo era también el presidente de la Asociación de Usuarios cuando se dio ese debate de la Ley de Universalización, y niego categóricamente que haya ocurrido” el supuesto pago realizado.
Insistió en que el Presidente “ponga la denuncia. Me sorprende el planteamiento, pareciera que él maneja la información al detalle, por lo tanto, eso no puede quedar como un simple señalamiento”.
De momento, añadió, él no va a tomar ninguna acción, en espera que el Presidente interponga la denuncia.
Paro.
Un paro patronal no se veía en Panamá desde los tiempos de la Cruzada Civilista, que se levantó contra la dictadura de Manuel Antonio Noriega en los años 80.
Para el miércoles, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón tiene previsto celebrar una jornada de protesta de 24 horas, que la ha denominado de “reflexión”, en contra del proyecto de ley de reforma fiscal que es discutido en la Asamblea Nacional.
“Mañana (hoy) a primera hora el Gobierno va a analizar la situación de la convocatoria a ese paro, pero, de momento, no hay ninguna intención de retirar el proyecto de ley de la Asamblea”, dijo a Panamá Américaun portavoz oficial del sector económico.
Un día de paro ocasionaría pérdidas por unos $60 millones, según han calculado los dirigentes empresariales de la Zona Libre de Colón, el emporio que registra anualmente transacciones por unos $21,000 millones en importaciones y reexportaciones, de los que en impuestos sólo aportan directamente $66 millones.
El Gobierno anunció la semana pasada que se había aprobado “por unanimidad” un incremento de $40 millones de contribuciones de parte de los usuarios al fisco, lo cual fue negado por Ferrari, quien precisó que esa medida fue impuesta por el Gobierno con apoyo de algunos empresarios no miembros de la Asociación, designados por el Gobierno en la Junta Directiva de la administración de la Zona Libre de Colón.
“Nosotros representamos el 80% de los empresarios que estamos en la Zona Libre”, aseguró.
Aspectos.
Los empresarios en sendos anuncios publicados han señalado que la reforma fiscal pondrá en peligro 28,000 empleos directos en la costa atlántica.
Además, Ferrari ha dicho que perderán competitividad frente a las otras zonas francas del mundo y el cobro de hasta $60,000 por las licencias comerciales a casi 4,000 empresas instaladas allí impulsará un éxodo a otras plazas más convenientes.
Martinelli sostiene que los empresarios no se van a ir del puerto franco por las ventajas que ofrece.
