La empresa automovilística Fiat aplicará su anunciado recorte de plantilla de 8,100 empleados después de que terminara ayer sin acuerdo la reunión entre sus dirigentes y los representantes sindicales, acogidos por el Gobierno, que fracasó en su intento de mediación.
El viceprimer ministro, Gianfranco Fini, presidió la reunión que se había convertido en la última oportunidad para encontrar una solución no traumática a la suerte de miles de trabajadores, varios centenares de los cuales se concentraron en el exterior del edificio que alberga la sede del Gobierno a la espera de noticias.
Las previsiones pesimistas de días anteriores se confirmaron y en la reunión los directivos de Fiat y los sindicalistas mantuvieron sus tesis, siempre como argumento central el plan industrial anunciado el pasado 9 de octubre por la compañía, que tiene su sede en Turín (noroeste).
En el documento se solicitaba la declaración del estado de crisis, lo que permite que un contingente de trabajadores pase a integrarse en lo que se denomina "caja de integración", un mecanismo que supone la concesión de subsidios públicos temporales mientras una empresa en crisis reactiva su situación con un plan industrial.
En la reunión de ayer, el Gobierno partió de la base de que el plan de Fiat "se puede compartir", según el documento distribuido al comienzo, que incluía medidas para intentar paliar la crisis, como destinar sesenta millones de euros a la formación de los trabajadores y la prórroga de los incentivos para la adquisición de vehículos que cumplen la normativa "ecológica".
Las filtraciones a la prensa de lo que sucedía en el interior del Palazzo Chigi apuntaban al pesimismo e incluso Fini hizo distribuir durante la reunión un comunicado en el que denunciaba el "maximalismo de CGIL" (el primer sindicato italiano) como elemento que impedía el acuerdo.
Con todas las cartas sobre la mesa, las centrales pidieron la suspensión momentánea de la reunión y sus representantes se reunieron para consensuar una posición que, unánimemente, consistió en rechazar el procedimiento de la caja de integración.
Este instrumento, que empezará a aplicarse a partir del lunes a 5,600 trabajadores de Fiat, implica que cada uno de ellos recibirá el ochenta por ciento de su sueldo con un máximo de 776.12 euros durante un período límite de veinticuatro meses.
Se supone que en ese plazo el trabajador debe volver a su puesto de trabajo, porque la empresa ha resuelto sus problemas, pero los sindicatos temen que en muchos casos no sea así y que el despido momentáneo sea sólo la antesala del definitivo.
En los próximos meses otros centenares de trabajadores del grupo turinés pasarán a la caja de integración y algunos se acogerán a las jubilaciones anticipadas, hasta completar los 8,100.
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