Las autoridades aún desconocen cuál será el destino del Centro de Convenciones Atlapa, toda vez que los terrenos donde se encuentra ubicado mantienen un proceso legal que podría afectar el destino de la propiedad.
El abogado Manuel José Berrocal F., señaló que en 1975 les fueron expropiados a la sociedad Industrias, Progreso y Jaime Berrocal, S.A. casi 5 mil metros cuadrados del terreno donde ahora se encuentra Atlapa.
Dichos terrenos, de acuerdo al avalúo realizado el año pasado, tienen un valor de $1,700 el metro cuadrado, lo que representaría una indemnización por más de $8 millones.
No obstante, después de 34 años los documentos que respaldan a los afectados, para que se les otorgue la debida indemnización, todavía se mantienen en la Corte Suprema de Justicia.
Según Berrocal, en ese entonces la expropiación se realizó a favor del Instituto Panameño de Turismo (IPAT), ahora la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), por lo que en el 2008 solicitaron la mediación del actual ministro de Turismo, Rubén Blades.
Al respecto, Ricardo Ledezma, asesor de Comunicación de la ATP, dijo que el estatus actual del caso escapa a la competencia de la institución.
Ledezma señaló que el centro fue construido por el IPAT, pero que la decisión de expropiación de los terrenos en donde se construyó procedió del Ejecutivo, por lo que el ente apropiado es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Al ser cuestionado sobre el tema, Marco Tulio Hernández, coordinador de la división de Promoción y Ventas de Bienes del MEF, dijo que las fincas expropiadas ya fueron canceladas.
Sin embargo, el representante del MEF no mostró ningún documento que respaldara la información.
Por otra parte, Berrocal mencionó que en reuniones anteriores con María Inés Castillo, secretaria general de la Agencia del Área Económica Especial Panamá-Pacífico, y con Carlos A. García Molino, viceministro de la Presidencia, le solicitaron descontar los gravámenes hipotecarios de las fincas en mención, para proceder al pago. Manifestó que a pesar de que se cumplió con lo solicitado por los funcionarios, los mismos no han procesado el pago. A su juicio, el próximo propietario del centro deberá asumir este conflicto legal y financiero.
