Tras menos de tres meses de negociaciones, el Fondo
Monetario Internacional aprobó el miércoles un préstamo a Ecuador por 226,73 millones de derechos especiales de giro, o sea alrededor de 304 millones de dólares, para apoyar durante el año 2000 el programa económico de ese país sudamericano que confronta actualmente una seria crisis financiera y económica.
Al anunciar la decisión, el FMI informó que 85 millones de DEG, unos 114 millones de dólares, del préstamo contingente estarán disponibles para su uso de inmediato por el Ecuador y el resto será desembolsado en cinco entregas cada dos meses. Los DEG son la moneda de reserva utilizada por el FMI para sus operaciones.
La aprobación del préstamo del FMI permitirá asimismo la liberación de un paquete financiero del orden de 2.000 millones de dólares en apoyo del Ecuador por parte del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y de la Corporación Andina de Fomento, que estará disponible en los próximos tres años, y que fue anunciado previamente a principios de marzo. A ello se sumará la próxima iniciación de las negociaciones del Ecuador para refinanciar su deuda con los acreedores bilaterales en el Club de París, y reuniones con los acreedores privados previstas para mayo próximo.
El Director Gerente interino del FMI Stanley Fischer declaró en un comunicado que el programa de reformas estructurales y económicas de Ecuador "es muy exigente y su puesta en práctica exitosa requerirá de la firme decisión de parte de las autoridades, y del apoyo del Congreso y del público en general".
Fischer indicó también que el proceso de dolarización de la economía ecuatoriana ha tenido un éxito inicial pero confronta serios desafíos. "Las reformas estructurales necesitan ser puestas en ejecución en forma vigorosa para permitir que la economía pueda resistir mejor los impactos externos, y se debe fortalecer las finanzas públicas para reducir las presiones de las necesidades presupuestales del sector público", agregó.
El directivo del FMI señaló también que "el programa de las autoridades plantea la moderación en los salarios y aumentos importantes en los precios internos de la gasolina que están altamente subsidiados, y cuyos subsidios benefician principalmente a los grupos de ingresos altos y medianos". Agregó que "para evitar el impacto sobre los grupos más pobres, el programa contiene aumentos importantes en subsidios en efectivo para ellos".
El anterior gobierno ecuatoriano del Presidente Jamil Mahuad había negociado un programa similar con el FMI en agosto del año pasado y presentó la carta de intención pertinente un mes después. El proceso quedó interrumpido a raíz de la seria crisis política que desembocó en el cambio de gobierno a fines del año pasado.
La situación económica del Ecuador se deterioró a partir de 1997 y 1998, y la economía ecuatoriana entró en una crisis financiera muy grave en 1999. El producto interno bruto se contrajo en un 8 por ciento en 1999, y la tasa de desempleo se duplicó en los dos últimos años, llegando al 17 por ciento en enero del 2000.
Según el anuncio del FMI, el programa fiscal "está orientado a adaptar la posición fiscal a las realidades del régimen dolarizado y a establecer la base una viabilidad a mediano plazo". El comunicado agrega que " el déficit fiscal combinado sería reducido al 3,2 por ciento del PIB en el año 2000 del 7,2 por ciento en 1999". "Las mejoras en el equilibrio fiscal deben ser logradas mediante una combinación de ingresos fiscales más altos provenientes de las exportaciones de petróleo, un aumento importante en los precios internos de la gasolina orientados a reducir los subsidios costosos, la ampliación de la sobretasa temporal a los aranceles de importación hasta fines del 2000, un control estricto sobre los gastos, y mejoras adicionales en la administración tributaria", concluye el informe del FMI.
SINDICATOS EN CONTRA
El préstamo concedido por el FMI al Gobierno de Ecuador ha sido calificado como una "crucifixión" por las centrales obreras y otros sectores sociales, que han advertido de un posible estallido social.
"La carta de intención es una sentencia de muerte, una expresión de crucifixión al pueblo ecuatoriano en plena Semana Santa", dijo a EFE Luis Villacís, presidente del Frente Patriótico (FP), que agrupa a centrales obreras, campesinos, estudiantes, pequeños comerciantes, entre otros.
"No nos saca de ningún problema porque los créditos que da el FMI, en cuentagotas, no se destinan a resolver los problemas sociales de Ecuador", añadió el líder sindical, quien anunció que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la Coordinadora de Movimientos Sociales y el FP se han unido para que la sociedad civil se enfrente en un solo bloque al Gobierno.
El ministro de Finanzas, Jorge Guzmán, por su parte, destacó las ventajas del préstamo que el FMI entregará paulatinamente al país y anunció que el Ejecutivo centrará sus esfuerzos en renegociar la deuda exterior, que supera los 16.000 millones de dólares entre pública y privada.
La renegociación de la deuda permitirá, según Guzmán, "reinsertar a Ecuador en la comunidad financiera internacional" y lograr la "tan ansiada reactivación económica", la única vía, a su juicio, para resolver la crisis del país.
Sin embargo, las centrales obreras y otros movimientos sociales consideraron que el préstamo del FMI, lejos de ser una ayuda para la agobiada economía del pueblo, supone "el hundimiento de Ecuador".
El presidente del FP aseguró que el primer desembolso del crédito, de 114 millones de dólares, se destinará a la Reserva Monetaria Internacional, que atiende la deuda externa, lo que, según los sindicalistas, debería dejarse de lado para atender las necesidades del pueblo.
"Por gusto se crean falsas expectativas.No se van a resolver los problemas de fondo del país.La carta de intención representa más sometimiento del pueblo ecuatoriano a políticas que no han dado resultado ni antes ni ahora en ningún país del mundo", subrayó.
Según Villacís, la carta de intención supone la eliminación de subsidios, por lo que el Gobierno ya ha anunciado que incrementará el coste de los combustibles a partir de julio y continuará estudiando el posible aumento del precio del servicio eléctrico.
"Eso significa que se va a incrementar el coste de la canasta familiar. Si ahora hay 8,6 millones ecuatorianos pobres, y de esos 4,2 millones son indigentes, con el incremento del coste de los combustibles, los precios de todo se dispararán brutalmente", dijo el presidente del FP, quien advirtió de una posible quiebra de empresas y un aumento del desempleo.
Respecto a la unión de los diferentes sectores sociales, Villacís aseguró que se ha creado el "comando conjunto popular del pueblo" que "impulsará desde el 1 de mayo un gran levantamiento general en defensa de la vida, la libertad y contra el hambre".
Con la nueva agrupación "se va a concretar y concluir lo que quedó pendiente el 21 de enero, cuando logramos sacar al Gobierno corrupto de (Jamil) Mahuad", añadió.
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