El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó ayer, un programa crediticio para Ecuador de 205 millones de dólares, luego de más de un año de arduas negociaciones. Ecuador necesitaba concretar el acuerdo con el FMI, que vence en marzo del 2004, para poder obtener préstamos por 300 millones de dólares adicionales de otros organismos multilaterales, como el Banco Mundial, y poder así cubrir sus deudas.
"El comité ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó un acuerdo "stand-by" (contingente) de 13 meses por 151 millones de derechos especiales de giro, unos 205 millones de dólares, para Ecuador", dijo el organismo en un breve comunicado de prensa.
Los derechos especiales de giro son una unidad monetaria que utiliza el FMI, basada en una canasta de divisas. El programa es para "apoyar el programa económico y financiero del país hasta marzo del 2004", indicó el comunicado.
Tras la aprobación, el país podrá tener acceso a 41 millones de dólares de inmediato, dijo el FMI, que respaldó la agenda de reformas económicas del gobierno. El presidente Lucio Gutiérrez asumió en enero la presidencia de Ecuador y convirtió en una de sus prioridades la conclusión de las negociaciones con el FMI. El gobierno anterior intentó infructuosamente cerrar un acuerdo con el organismo durante casi un año.
Ambas partes estaban en desacuerdo sobre la meta para el superávit fiscal primario. Finalmente, Ecuador y el organismo multilateral acordaron un superávit de 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2003.
Horst Koehler, director gerente del FMI, dijo en un comunicado que el nuevo gobierno ecuatoriano "ha demostrado un liderazgo impresionante para enfrentar una situación económica difícil" y lo alabó por tomar "medidas decisivas" para incrementar los ingresos estatales y controlar los gastos. "Esas medidas ya están ayudando al gobierno a aumentar el superávit primario del sector público y superar una difícil situación de liquidez" que heredó la nueva administración, señaló Koehler.
El acuerdo también incluye una fórmula de pago con el Club de París, un grupo de países acreedores. Además, incluye medidas para sanear el sistema financiero local y cerrar un capítulo más de la crisis bancaria que sacudió al país entre 1998 y el 2000.
La demanda rechaza que ocurriera una "inundación de importaciones" y apunta que las compras de acero disminuyeron entre 1998 y 2001, justo antes de que se impusiesen los aranceles.
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