En su primera rueda de prensa tras convertirse en el portavoz del FMI, el pakistaní Masood Ahmed instó al Gobierno de La Paz a negociar con las compañías extranjeras.
En esas conversaciones se debe tratar "la compensación como mínimo por los bienes nacionalizados y el carácter de los nuevos contratos de operación, y posiblemente un aumento de los precios para Brasil y Argentina".
"Creemos que la decisión del Gobierno de Bolivia de nacionalizar el sector de hidrocarburos tiene potencialmente consecuencias de largo alcance", enfatizó.
Del resultado de las negociaciones con las multinacionales podría depender "la disponibilidad de capital privado nacional y extranjero para invertir en el sector de hidrocarburos de Bolivia", advirtió Ahmed.
Actualmente se encuentra en La Paz una delegación de expertos del FMI que analiza la situación económica del país, un proceso conocido como "Artículo IV" y que el organismo lleva a cabo con todos sus miembros, normalmente una vez al año.
El FMI no cuenta con un programa de crédito a Bolivia, ya que el presidente del país, Evo Morales, no quiso renovar el que venció el 31 de marzo pasado.
No obstante, la semana pasada el ministro de Hacienda, Luis Arce, dijo que su país podría llamar de nuevo a la puerta del organismo para obtener recursos para cubrir el déficit fiscal de 270 millones de dólares previsto para este año.
Si lo hace, analistas prevén que tendrá que oír recomendaciones sobre el sector de hidrocarburos que van en la dirección contraria a la política actual del Gobierno.
En una visita a La Paz el año pasado, el director gerente del FMI, Rodrigo Rato, dijo que si Bolivia no permitía más inversión privada en la energía para aumentar la producción, el país estaba expuesto a consecuencias económicas "dramáticas".
En la rueda de prensa de ayer, Ahmed instó al Gobierno a dialogar con las multinacionales.
Según el portavoz, en los próximos seis meses es necesario que haya negociaciones entre el Gobierno de Bolivia y las empresas extranjeras -y en algunos casos con sus gobiernos- sobre las maneras específicas para la aplicación de esta nueva política de control estatal del sector de hidrocarburos establecida el pasado 1 de mayo.
"En nuestra opinión es importante que estas negociaciones lleven a acuerdos entre las partes que permitan la continuación de la entrada de capital extranjero, lo que es seriamente necesario", añadió Ahmed.
El Gobierno dictará dos decretos supremos para consolidar el proceso de "nacionalización de los hidrocarburos", anunció el ministro de Planificación, Carlos Villegas, quien precisó que la Superintendencia del sector ejecutará auditorías a las empresas petroleras y se conformará un fondo de compensación.
Según la autoridad, estas disposiciones serán complementarias a la Ley de Hidrocarburos y al Decreto Supremo 28.701, que el presidente Evo Morales promulgó el 1 de mayo pasado.
La empresa brasileña Petrobras, una de las más afectadas por la nacionalización, ha tenido negociaciones con el gobierno boliviano.
Mientras, la hispano-argentina Repsol YPF no descartó acudir a los tribunales internacionales si no alcanza acuerdos.
