El proceso privatizador de las empresas estatales panameñas aún no termina, y con los buenos resultados de 1997, el presente año no dista de ser igual.
Desde 1996 cuando se privatizó la primera empresa pública panameña, bajo la administración de Ernesto Pérez Balladares, el fondo fiduciario que se formó para recibir el producto de este proceso tiene a la fecha unos B/.824.8 millones.
Y aunque no se ha cumplido al pie de la letra con el programa previsto, se ha avanzado satisfactoriamente, manifestó el coordinador de la Unidad de Privatización del Estado, Alfredo Maciá.
Según el funcionario, el primer dinero que entró a la cuenta que se tiene en el Banco Nacional fue el pagado por la estadounidense BellSouth, para el uso de la Banda A de telefonía celular al ofertar B/.72 millones por la concesión.
Posteriormente, la compañía Cable & Wireless en mayo de 1997 entrega al Estado por la compra del 49% de las acciones de la telefónica local INTEL B/.652 millones. Meses después, B/.72 millones por la Banda B de telefonía celular.
Y, ¿por qué hubo retraso en las privatizaciones? Maciá afirma que "ni las instituciones ni los consultores que contratamos tienen control sobre el proceso... nunca uno sabe qué tiempo tomará".
Explica que hay inversores que piden ciertas condiciones y es necesario consultarle al Gobierno si acepta o no los parámetros que piden, por lo que el trámite de negociación de contrato, que oscila entre uno a cuatro meses, se amplía.
Como ejemplo presenta el caso de la privatización de la telefónica estatal INTEL, donde tomó cinco meses la negociación del contrato con dos empresas, la norteamericana GTE y la británica Cable & Wireless.
Igual pasó con la negociación de la banda "A" de la telefonía celular que ganó BellSouth y participaron ocho empresas, tomó alrededor de tres meses. En el caso del hipódromo Presidente Remón, a pesar que se contrató por la vía directa, duró cinco meses de trámites para ajustar los términos.
Todos los reajustes que se hacen en el proceso según Maciá, se realizan en función de que el Estado conserve sus beneficios y que el operador se sienta que puede hacer negocio aquí.
Sin embargo, el funcionario resalta que en lo que sí se tiene control en el tiempo es cuando se precalifica, ya que existe un plazo de 60 a 90 días, después que las empresas entregan sus documentos para precalificar con un término de 30 días, "allí se puede controlar".
Aunque se han tenido retrasos en el proceso de privatización de empresas públicas, las proyecciones del Gobierno se han ejecutado, sostuvo Maciá.
El caso de la Hutchison, que ganó la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal en julio de 1996, no entró de inmediato a la cuenta porque se fijó el pago de un canon de arrendamiento anual por B/.22.2 millones, más un porcentaje por movimiento de contenedor.
En 1997 también se recibió B/.2.2 millones de la compañía puertorriqueña Equus Gaming por el Hipódromo Presidente Remón.
Para finales de ese año, la cuenta sube al recibir por la operación de las máquinas tragamonedas B/.20.1 millones, pagados por la empresa Gaming And Services de Panamá, luego de cancelar la indemnización de los empleados.
Con la privatización de la segunda parte de los casinos divididos en dos clases de salas de juego, el Estado recibió un total de B/.6.5 millones de las compañías International Thunderbird Gaming de Canadá y Antonio Martínez Seguí.
Maciá aclaró que los dineros que se depositen en este Fondo Fiduciario con cuenta en el Banco Nacional de Panamá no se podrán usar para pagar gastos del Gobierno ni deuda pública, sin embargo, el fideicomiso que se obtenga podrá usarse para inversión, y le competerá al ministerio de Planificación hacer las propuestas.
Asimismo recordó que para este año tienen pendiente pasar la administración del Centro de Convenciones Atlapa a manos privadas; también la privatización de los ingenios azucareros, en donde la comisión de precalificación ya tiene listo su informe para recibir el beneplácito de Planificación y de la dirección de la Corporación Azucarera La Victoria (CALV).
En este último proyecto se espera en marzo negociar contratos. También mencionó que se estudian los informes de evaluaciones económicas del Aeropuerto Internacional de Tocumen, revisado actualmente por la Autoridad Portuaria Nacional.
Las privatizaciones en Panamá es uno de los pilares de la política económica de libre mercado del gobierno, han sido criticadas por dirigentes políticos y sindicales, pero vistas con buenos ojos por empresarios y la comunidad financiera internacional.
Con la pasada administración gubernamental de Guillermo Endara, se inició el esfuerzo por pasar a manos privadas empresas no muy bien administradas por el Estado. No obstante enfrentó una fuerte oposición en los sindicatos, y sólo pudo cristalizar la venta de Cítricos de Chiriquí y Cemento Bayano.
Los planes de Pérez Balladares, que ejerce el poder desde 1995, incluyen asimismo la concesión de ciertos servicios de electrificación y agua potable.
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