Los trabajadores, empresarios y sectores productivos mexicanos deben continuar el diálogo en busca de una reforma laboral que posibilite una economía “con rostro humano”, afirmó ayer el presidente de México, Vicente Fox.
“El objetivo es alcanzar mejores condiciones para los trabajadores y sus familias”, indicó Fox durante el acto de relevo del secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
Asimismo, remarcó que se debía “fortalecer y promover el empleo, brindar mayores estímulos a la capacitación y a la productividad, mejorar el poder adquisitivo de los salarios y generar un entorno competitivo para los trabajadores, al igual que para las empresas”.
Según el Gobierno, la modificación de la legislación laboral es una de las llamadas “reformas estructurales” necesarias para modernizar el país y garantizar un crecimiento económico sostenido.
Un informe reciente de la Secretaría de Desarrollo Social reveló que al menos 54 millones de mexicanos tienen ingresos inferiores a cuatro dólares diarios, lo que no les permite cubrir los gastos de alimentación, vivienda, educación, ropa, salud y otras necesidades básicas.
Además, 24 millones de mexicanos se encuentran en estado de “pobreza alimentaria”, es decir, disponen de menos de dos dólares diarios y no tienen suficiente para comer.
En el acto Fox insistió en la necesidad de concretar una reforma laboral que mejore las condiciones de vida de los empleados y aprovechó la ocasión para asegurar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “no se privatizará”, a pesar de la crisis que padece.
“En el carácter público, tripartito y solidario de esta institución está la fuerza para avanzar todavía más y por ello reitero mi apoyo a la seguridad social y mi convicción de que el IMSS seguirá siendo un organismo público”, afirmó.
El IMSS contaba a mediados de año con un déficit de 2.479 millones de pesos (247 millones de dólares) en la partida de pensionados, que se irá acumulando hasta llegar a 41.395 millones de pesos (unos 4.139 millones de dólares) en 2012, según datos oficiales.
Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la situación financiera de esta entidad no representa un peligro inmediato, aunque a mediano plazo puede convertirse en una institución deficitaria para el Estado.
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