Francia aprovechó la coyuntura de los denominados "Papeles de Panamá" para exigir un poco más y corresponderá al país determinar cuánto puede atender la necesidad de Francia sin afectar los intereses nacionales, así concluye Gian Castillero, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores tras el encuentro entre ministros de finanzas de ambos países.
Desde las perspectiva panameña iniciar el diálogo es positivos porque se pone la discusión en contexto. "Si los franceses están utilizando las plataforma de servicio coorporativo internacional de Panamá y otros países, es porque hay un problema en Francia e ir a donde está la raíz del problema es importante", dijo Castillero.
Para el diplomático panameño, el diálogo era el mejor mecanismo en lugar de salir a pone a Panamá en una lista de países no cooperadores que tiene un impacto adverso para todo país. @Se trata de una etiqueta funesta para una economía de servicio como la nuestra@, dijo Castillero en un medio local.
Por su parte, el Gobierno de Francia reiteró mediante un comunicado, que espera "total transparencia" en materia de intercambio de inteligencia y la entrega "sin restricción" de toda información relativa a contribuyentes franceses.
El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, reclamó a Panamá todos los datos "sobre bienes o ingresos gravables en Francia, incluidos aquellos que se tengan o perciban a través de estructuras "off-shore", es decir, que no ejerzan su actividad económica en Panamá".
En el encuentro, el Gobierno panameños defendió su disponibilidad de adherirse a la iniciativa de intercambio automático de información bilateral de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) a partir del 2018.
Francia también solicitó revisar el tratado de intercambio de información firmado en 2011 a efecto de hacerlo más efectivo y eficiente, lo que Panamá considera cónsono con su posición, aunque esto se dificulta mientras ese país mantenga a Panamá como país no cooperador, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
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Ante esto, el ministro Sapin aclaró que los efectos de la inclusión de Panamá en la lista de países no cooperadores entrarían en vigencia a partir del 1 de enero de 2017, por lo que habría tiempo para revisar los avances efectuados bajo este acuerdo bilateral.
Para el economista, Olmedo Estrada, las autoridades panameñas deben mantener su postura y garantizar que los acuerdos que se firmen sean convenios bilaterales donde ambos países estén dispuestos a un intercambio de información mutuo cuando las situaciones lo ameriten.
Estrada considera que los convenios multilaterales no son razonable, tomando en cuenta que los países deben ser cuidadosos con la información que comparten.
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