Un movimiento popular sin precedentes en los últimos 50 años en Costa Rica logró frenar un polémico proyecto de apertura de las telecomunicaciones y la energía, luego de que la noche del martes el Gobierno aceptara retirar el plan del trámite legislativo.
Tras una maratónica jornada de casi 15 horas, representantes del Gobierno, diputados, sindicatos y de organizaciones civiles acordaron al filo de la medianoche del martes enviar a una comisión mixta el proyecto del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para revisarlo y modificarlo, en un plazo de 150 días, prorrogables.
La comisión quedó integrada por 18 miembros, de los cuales nueve son diputados -cuatro del gobernante Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), tres del opositor Partido Liberación Nacional (PLN) y dos de los partidos minoritarios-, siete representantes de los grupos civiles, uno del Gobierno y otro del sector empresarial.
La composición de la comisión y el plazo de 150 días fue considerado por las organizaciones civiles y los sindicatos como un "triunfo", pues el Gobierno proponía 60 días y que el número de miembros fuera menor.
"Es un triunfo del pueblo y es el entierro político del combo" (como se ha denominado popularmente el proyecto), manifestó el diputado José Merino, del minoritario Partido Fuerza Democrática (izquierda).
Tras el acuerdo, Costa Rica retornaba lentamente a la normalidad ayer, miércoles, finalizando una crisis de poco más de dos semanas, con bloqueos, paros parciales y masivas manifestaciones, que ya estos días se tornaba inmanejable con una escasez de gasolina y la paralización de los puertos costarricenses del Caribe y el Pacífico.
No obstante, ayer era evidente en las calles de la capital la inactividad debido a la escasez de gasolina, pues desde el lunes trabajadores de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) se unieron a las protestas dejando de suministrar combustible.
Además, el Gobierno enfrentaba ayer una huelga por tiempo indefinido de los trabajadores de la estatal Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que administra la casi totalidad de los hospitales y clínicas de salud, para exigir el pago de un ajuste salarial y otras reivindicaciones.
El proyecto de privatización del ICE fue aprobado el pasado 20 de marzo por la Asamblea Legislativa -de 57 escaños- con 45 votos del PUSC y del PLN, 10 en contra (siete de los partidos minoritarios y tres del PLN) y dos ausencias.
La apertura del mercado de las telecomunicaciones y la energía eléctrica es uno de los principales objetivos del Gobierno de Miguel Angel Rodríguez, que llegó al poder en mayo de 1998 con un estrecha ventaja del 2%.
El ministro de la Presidencia, Danilo Chaverri, dijo estar satisfecho con el acuerdo, porque el país retornará a la paz y destacó que se impusiera el diálogo en el conflicto.
El Gobierno se comprometió, en el acuerdo, a no ejercer ningún tipo de represalias, sanciones, rebajas salariales, ni ejecutar acciones legales contra los participantes en las jornadas de protesta; mientras que los sindicatos y las organizaciones civiles prometieron levantar las medidas de fuerza.
Según Rodríguez, el Gobierno no pretende vender el ICE sino fortalecerlo y modernizarlo para competir con el sector privado, pero los críticos sostienen que el proyecto oficial pretende la privatización de la empresa estatal o apropiación de recursos públicos por parte de grupos privilegiados, y amenaza la conservación de recursos naturales.
La comisión mixta deberá enviar al plenario legislativo un nuevo proyecto de transformación del ICE, entidad que tiene el monopolio estatal de las telecomunicaciones y la electricidad desde hace 50 años.
Según diversas encuestas, una mayoría de costarricenses rechazan la apertura de la competencia en telecomunicaciones y electricidad, pues el ICE da una cobertura de electricidad y telefonía al 94% del territorio.
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