El sostenido aumento en los precios de los alimentos y en el valor de los hidrocarburos está teniendo efectos nocivos sobre la pobreza y la distribución del ingreso en los países de Centroamérica. Esto ha provocado una mayor demanda social para que los gobiernos protejan a la población disminuyendo la transmisión hacia el mercado doméstico de los aumentos en los precios de los productos importados.
Evidentemente, el aumento de los precios de los alimentos castiga más a quienes destinan una mayor proporción de su ingreso para adquirirlos.
Según un ejercicio de simulación para aislar y evaluar el impacto del aumento de los precios de los alimentos, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el "Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2007-2008", un incremento del 15% en el valor de estos productos implicaría un crecimiento de la pobreza de casi 3 puntos porcentuales, lo que en el caso de Centroamérica afectaría a más de 700 mil personas.
Los gobiernos actuales tienen pocas alternativas, pues su capacidad para mitigar el efecto de estas alzas guarda estrecha relación con las pequeñas holguras o espacios fiscales disponibles. Dentro de esos límites las alternativas de política se caracterizan por cuán amplio es el grupo beneficiario y el carácter temporal o permanente de las medidas. En este sentido, los programas focalizados son más eficientes en el largo plazo, suponen un menor costo fiscal y evitan el sacrificio de otros programas públicos de alta prioridad, como los gastos en inversión social.
Pero son más difíciles de implementar en el corto plazo y exigen instituciones e información robusta para su ejecución efectiva.
Por otro lado, las medidas de carácter amplio, como precios subsidiados, son más onerosas en términos de recursos y posible sacrificio de programas públicos de alto valor social, pudiendo inclusive llegar a beneficiar más a los grupos menos vulnerables de la sociedad, si bien son más efectivas en atender la urgencia de corto plazo.
En Centroamérica las políticas implementadas hasta el momento se relacionan con esquemas de liberalización que incluyen reducción o eliminación de aranceles a la importación de granos, harinas y alimentos, subsidios de precios al consumo de alimentos y harinas, compras de alimentos en el mercado internacional por parte de los gobiernos para su venta en el mercado interno a precios controlados, y el fomento de la producción de alimentos y granos mediante la adquisición de fertilizantes y otros insumos.
Los datos de inflación interanual a julio 2008, reflejan que en la región el precio de los alimentos se ha incrementado en el último año en promedio el 20%, mientras la inflación ronda el 14%.
Los gobiernos deberán tomar en consideración estos datos, para continuar implementando medidas que amortigüen los efectos del alza de precios.
