El geólogo José Guerrero destacó que la comarca indígena, siendo dueña de los yacimientos de Cerro Colorado, podría sacar a licitación estas tierras al Gobierno. El Estado participaría en un 50% y la comarca en 50%, para luego renegociar con una empresa multinacional y vender esos porcentajes de yacimientos que ya han sido estudiados y que cuentan con un cálculo de reserva para vender. La comarca recibiría los mismos beneficios que el Estado por la explotación de estas riquezas naturales.
Por su parte, el Centro de Incidencia Ambiental recordó que luego de protestas fue necesario aprobar un régimen jurídico que eliminaba las concesiones mineras vigentes en todo el país y suspendía los trabajos.