Toda investigación por fraude eléctrico tiene a partir de ahora la garantía de la participación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) como árbitro activo, informó la institución.
Luego de las críticas de que ha sido objeto la entidad por su inacción en el pasado, la ASEP publicó una resolución, redactada en julio pasado, que reglamenta el procedimiento para garantizar al usuario que los expedientes sobre fraude sean de su conocimiento desde el inicio de la pesquisa y, de comprobarse la responsabilidad del cliente, cualquier penalización tendrá que pasar primero por la verificación y aprobación del organismo regulador.
Se aclara que en ningún momento durante el desarrollo de la investigación se podrá cortar la luz al usuario.
Si se prueba que el cliente no ha cometido el robo de electricidad, la empresa proveedora asumirá el coste de las reparaciones de los daños en la infraestructura que haya causado.
La ASEP advierte que no aceptará actas de inspecciones firmadas únicamente por representantes de las empresas que investiga. La norma hace obligatorio que el documento sea firmado tanto por la empresa como por el cliente o una persona responsable, cuya figura pudiera recaer en un testigo hábil o un Notario Público.
