Gastos desmedidos

Los excesos de la administración anterior han quedado en evidencia.
Una lista de millones en egresos hacen pensar que no se aplicó la contención del gasto o sí se realizó no fue tan efectiva como mecanismo para aprovechar los recursos del Estado.
En alquileres de autos, seguros, llamadas telefónicas y uso de energía eléctrica, el Gobierno estuvo gastando casi 100 millones de dólares por año (ver detalles en cuadro).
Si se compara este año con el anterior, se puede observar que la disminución en gastos no fue significativa, pues a pesar que las cifras son menores, hay que tomar en cuenta que los datos del 2004 solo fueron analizados hasta el mes de agosto.
Este monto, sin contar los gastos en combustible que indiscriminadamente inflaron los egresos, pues los autos que eran utilizados las 24 horas del día.
El viceministro de Finanzas, Rolando Mirones, enfatizó que no había razón para que el Estado gastara tanto dinero en alquileres de autos y en adicción designarlos a una número cuantioso de funcionarios.
A su juicio, una buena medida hubiera sido tener una flota de automóviles de acuerdo a las necesidades del Estado.
"No podemos abusar de los recursos" recalcó Mirones.
Manifestó que de allí, la actual administración decidió aplicar un plan estricto de austeridad que se convertirá en una política de Estado.
"No tenemos la menor duda de que las reformas fiscales reducción de gastos y más ingresos mejorarán nuestra posición" señaló Mirones.
Algunos economistas coinciden que estos recortes contribuirán a frenar el deteriorito fiscal, pero son medidas que deben complementarse a mediano plazo, basados en una auténtica y comprometida política de modernizar el Estado, para lograr mayor eficiencia y eficacia del gasto y la inversión pública.
No obstante, en la lista de pendientes figuran la contención del gasto en personal mediante una carrera administrativa que estimule la productividad y penalice a los funcionarios que no rinden.
Hasta el pasado mes de agosto, el déficit se estimó en 277 millones de dólares.
Sin embargo, al utilizar una nueva metodología eliminando las entradas de ingresos como el Canal de Panamá y el Banco Nacional de Panamá, el déficit del sector público aumenta a 700 millones de dólares, lo que equivale al 5.3% del PIB.
En virtud de esta situación el MEF ha sugerido suspender de los efectos de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El MEF considera que será imposible en el escenario actual cumplir con el tope establecido por dicha ley, debido a los gastos acelerados durante los ocho primeros meses del actual año fiscal.