La compra de Barro Blanco por parte del Estado "puede implicar la violación de una serie de derechos constitucionales, legales y contractuales de Genisa", advirtió la empresa ayer a través de un comunicado.
Agregó que hay derechos reales en beneficio de bancos multilaterales y de acreedores del proyecto que deben ser considerados, al tiempo que la compañía solicitó al Gobierno que garantice la seguridad jurídica y la protección de su inversión.
Recordó también los derechos con los que cuenta como concesionario, tanto bajo la legislación panameña como a través de los tratados suscritos por el país.
La preocupación surge luego de que Milton Henríquez, ministro de Gobierno, informó que si el proyecto se tiene que comprar para brindar paz social, se hará, ya que "el negocio de Genisa era producir electricidad, no construir una represa".
El Colegio Nacional de Abogados considera que si el Gobierno toma esta decisión, ningún concesionario del Estado podría sentirse en tranquilidad.
Los economistas concuerdan tanto con Genisa como con el Colegio de Abogados y señalan que las empresas percibirían esta acción del Estado como un atentado contra la seguridad jurídica.
Según el economista Raúl Bethancourt, "para la empresa privada sería rentable continuar con el proyecto, pero para el Gobierno sería un proyecto más en el que tendría que intervenir, como en Mi Bus, en Amador y los hospitales, ahora mismo hay un limbo jurídico (vacío jurídico)".
Bethancourt considera que hay una serie de contradicciones. "Estamos vivienda un modelo neoliberal de no intervención del Estado a la economía, o un modelo keynesiano de intervención a la economía", dijo.
Mientras, Ricardo Sotelo, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), aseguró que los empresarios "entienden que la mejor dinámica de inversión debe darse por parte del sector privado, pueda que la alternativa de que el Gobierno compre Barro Blanco sea una forma de salir de un problema que se ha complicado".
Henríquez agregó que si el Estado decide comprar y vender la obra, el problema sería que otro inversionista no compraría una empresa que no está operando.
Costo para el Estado
Ante esta posible decisión del Gobierno, el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, manifestó que para definir en cuánto vendería o cedería Genisa, se tomarían en cuenta sus proyecciones numéricas o cálculos de beneficio e inversión y desarrollo.
En febrero de este año, en información que se le atribuye a Aldo López, vicepresidente ejecutivo de Genisa, este planteó que "el Gobierno tiene un camino: compensar a la empresa con lo que se ha estimado entre $300 millones y $500 millones porque la empresa tiene deudas".
En ese sentido, Genisa ya ha invertido $140 millones y contemplaba una producción de energía eléctrica por 50 años o más.
Además, desde la suspensión del proyecto hasta la fecha, se han generado pérdidas por $20 millones.
Mientras, Silvia Carrera, dirigente de los indígenas ngäbes y buglés, reiteró que exigen la cancelación del proyecto.
Ayer, un contingente de unidades policiales desalojó a los indígenas de la segunda entrada de la obra, acción que fue repudiada por el Movimiento 22 de Septiembre y catalogada como una militarización.
Cifras
$140
- millones invirtió Genisa en la construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco.
$20
- millones es el costo en pérdidas de la empresa por suspensión desde febrero de este año.
