El Gobierno argentino reconoció ayer que existe un "retraso salarial" luego de que un informe oficial revelase el fuerte impacto que tuvo en los ingresos de los trabajadores la devaluación del peso a partir de enero de 2002.
"La economía en general ha empezado a mejorar, pero es cierto que los salarios se mantienen retrasados", dijo en una rueda de prensa el jefe del gabinete de ministros, Alfredo Atanasof. El funcionario consideró que "a medida que vaya reafirmándose la reactivación y vaya creciendo la productividad, como lo está haciendo, habrá que poner sin ninguna duda en el centro del debate la cuestión de la recomposición salarial".
Atanasof fue consultado sobre una estadística que indica que la mitad de los asalariados de Argentina gana menos de 400 pesos (123 dólares) al mes, que apenas alcanzan para cubrir el 55 % de la canasta básica de alimentos de una familia de cuatro miembros.
Según datos correspondientes a octubre pasado que difundió ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en esta condición vive el 50 % de los 8.9 millones de argentinos que tienen empleo. El organismo determinó que en el país el salario promedio es de 524,2 pesos (161 dólares) mensuales, mientras que el costo de la canasta básica de alimentos llega a los 726 pesos (223 dólares).
Los ingresos de los argentinos se licuaron con el fin de la paridad entre el peso y el dólar que rigió desde 1991 hasta enero del año pasado, que llevó a la moneda argentina a perder el 70 % de su valor frente a la estadounidense.
Mientras en 2002 la inflación acumulada alcanzó el 41 %, el Gobierno autorizó un aumento salarial de 100 pesos (30 dólares al cambio actual) para los trabajadores de la actividad privada y en el empleo público los sueldos se mantuvieron estables. En medio de una crisis económica y social sin precedentes, en Argentina el desempleo abarca al 17.8 % de la población económicamente activa.
Además, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales, es pobre el 57.5 % de los habitantes de los grandes centros urbanos y la mitad de estos, lo que equivale al 27.5 % del total de la población, directamente vive en la indigencia.
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